Wael Naouar mantiene una huelga de hambre en Túnez tras cinco meses en prisión preventiva por el caso de la Sumud Flotilla y sus activistas.

Mauricio Macri mandó a pedir que Cristina Kirchner vaya a prisión preventiva por la condena a seis que le aplicó la Cámara de Casación, que todavía no est

Un juez federal con sede en Guerrero decretó prisión preventiva para 16 integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, entre ellos un menor de edad, detenidos por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Los detenidos fueron capturados en Acapulco, específicamente en las comunidades de Pablo de Galeana, Río Verde y Xaltianguis, tras un enfrentamiento en el que el 4 de septiembre asesinaron a un guardia nacional y dos personas más en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero. Durante los operativos se aseguraron 12 armas de fuego, más de 36 mil cartuchos útiles, droga sintética, máquinas tragamonedas y tres vehículos. La Fiscalía General de la República informó que el juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva en espera de que se defina la situación jurídica de 15 de ellos, quienes fueron identificados como Ángel N, Rodolfo N, Teodoro N, José Luis N, José Manuel N, Francisco N, Pablo N, Daniel N, Hermenegildo N, Celestino N, José Alberto N, José Jesús N, Yaveny N, Kenia N y Verónica N. El juez de control calificó de legal la detención y los representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentaron los datos de prueba y formularon la imputación por delitos como acopio de armas de fuego, portación de arma de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La defensa de los detenidos solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 horas, y la audiencia continuará el próximo martes para definir la situación legal de los 15 adultos. Además, un juez especializado en justicia penal para adolescentes en Guerrero calificó de legal la detención del menor de edad, a quien se impuso internamiento preventivo y se remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas. Los 15 adultos permanecerán en el Centro Regional de Reinserción Social en Chilpancingo, Guerrero.

La jueza dictó prisión preventiva a Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N', presuntos responsables del crimen de Jonathan 'Honas' Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo. El caso involucra la muerte de cuatro personas, incluida la esposa del músico y su hija de tres años, así como una trabajadora del hogar. Las autoridades señalan que los acusados buscaban una caja fría con bitcoins en el domicilio de Meléndez, quienes habrían utilizado una pistola silenciada para cometer el crimen. La audiencia para definir su vinculación a proceso se programó para el 9 de septiembre. Además, los acusados enfrentan cargos por interrupción del embarazo y maltrato animal. Las pruebas incluyen objetos encontrados en el lugar del crimen y declaraciones de los presuntos responsables sobre la desmontaje de la arma utilizada.

Juan Andrés González, pareja de Verónica Hidalgo y padre de su hija, permanece en prisión preventiva desde abril mientras avanza la investigación.

El Ayuntamiento de Barcelona ha obtenido una decisión judicial pionera en materia de multirreincidencia delictiva, aplicando la nueva Ley de Multirreincidencia que entró en vigor en abril. Un hombre detenido por hurto en la playa del Somorrostro fue condenado a prisión provisional tras acumular 34 sentencias firmes por delitos contra el patrimonio. Esta medida, adoptada por el Juzgado de guardia de Barcelona, marca un precedente al permitir que las entidades locales ejerzan acción penal contra hurtos reiterados. El caso resalta el alto riesgo de reincidencia del acusado, quien cometió delitos en la misma zona de la ciudad. La decisión refleja la preocupación municipal por impactar negativamente en la percepción de seguridad y la convivencia ciudadana. Los alcaldes de ciudades como Sabadell o Terrassa apoyaron esta regulación para combatir la delincuencia persistente. El caso también muestra cómo se combina el análisis delictivo con acciones legales urgentes, destacando el papel de los Mossos d'Esquadra en la coordinación entre policía y servicios jurídicos municipales.

Un juzgado federal en la Ciudad de México ratificó la prisión preventiva contra Elizabeth Villegas Pineda, coacusada del exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, por su participación en el desvío de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales. Durante una audiencia sorpresa, la Fiscalía General de la República defendió la medida cautelar ante el juez, mientras que la defensa de Villegas Pineda solicitó su liberación. El caso involucra a varios exfuncionarios estatales, incluido el exgobernador, quien sigue prófugo de la justicia. Las investigaciones revelan que durante su gestión (2015-2021) se generó un daño patrimonial de 3 mil 412 millones de pesos mediante contratos fraudulentos. Villegas Pineda está recluida en la prisión de Santa Martha Acatitla, mientras que otros acusados también enfrentan procesos por peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa. La noticia destaca el impacto financiero del esquema delictivo y la respuesta judicial en México.

La Fiscalía General de la República (FGR) dictó prisión preventiva oficiosa al excontralmirante Fernando 'N' por su probable participación en una organización dedicada al contrabando, ocultamiento y distribución ilícita de combustible. La medida fue impuesta por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega tras casi 18 horas de audiencia. El imputado, buscado internacionalmente en 192 países, es acusado de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. Su hermano, el vicealmirante Manuel 'N', fue detenido previamente por el mismo caso. La Secretaría de Marina, la Unidad de Inteligencia Naval y la FGR colaboraron en la investigación. El proceso se retomará la próxima semana para determinar si se vincula a proceso por el delito de delincuencia organizada. La defensa cuestionó la claridad de las imputaciones por huachicol, pero la FGR presentó pruebas que respaldaron la medida cautelar.

Fernando Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, fue encarcelado en la prisión de Palmasola tras ser acusado de tentativa de femicidio contra Nadia Beller. La decisión judicial lo alejó de la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro, donde inicialmente se había dispuesto su detención. Cerimedo enfrenta un semestre de prisión preventiva mientras avanza la investigación, y podría recibir hasta 20 años si es encontrado culpable. La fiscal Yolanda Aguilar mostró satisfacción con la medida, pero su defensa busca apelar para lograr una detención domiciliaria. El caso ha generado preocupación en el círculo político de Bolivia y afecta a la derecha continental debido a los contactos de Cerimedo. La audiencia judicial reveló riesgos procesales que llevaron al juez Wilson Espada a reevaluar la decisión, asignándole un lugar en una cárcel con reglas menos estrictas pero aún peligrosas. Los abogados del asesor intentarán cuestionar el testimonio de Beller y explorar opciones legales para su liberación.

El ex estratega digital de Javier Milei, Fernando Cerimedo, sigue detenido en prisión preventiva en Bolivia tras ser acusado de instigar el intento de asesinato de su ex pareja. La Fiscalía boliviana confirmó que el ex consultor permanecerá en la cárcel de Chonchocoro durante 180 días, aunque su abogada sostiene que las acusaciones son infundadas. El caso ha generado un escándalo nacional, con operativos policiales que encontraron evidencia de presunto enriquecimiento ilícito. Las autoridades investigan su vínculo con una 'mini granja de bots' y otros activos, mientras que la audiencia judicial se prolongó durante días. Cerimedo, quien fue liberado temporalmente de una cárcel provisional, expresó su deseo de ver a sus hijos durante la crisis emocional. La noticia refleja la tensión entre el poder judicial y la figura política de Milei, cuya esposa Karina fue testigo del incidente. La investigación continúa abierta, con múltiples allanamientos a propiedades vinculadas al acusado.

Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el ciudadano mexicano Martín Alejandro Cebreros Meza, acusado de extraer 190 mil lempiras de dos cajeros automáticos en San Pedro Sula, Cortés. Este artículo Mexicano irá a prisión preventiva por extracción de L190 mil en cajeros de San Pedro Sula se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

El fiscal Enrique Gavier utiliza una estrategia que se compara con el 'catenaccio' italiano, manteniendo a acusados presos mediante nuevas imputaciones incluso tras órdenes de libertad. Esta práctica se observa en múltiples casos donde, después de que un tribunal libere a un acusado, la fiscalía presenta nuevos cargos para recluirlo. Ejemplos incluyen el caso de Francisco Scudieri, Gonzalo Argarate y Jorge Perchante, quienes fueron liberados pero luego detenidos nuevamente por supuestos delitos relacionados con la misma trama. El juez Milton Peralta criticó esta conducta como una tentativa de control absoluto sobre la libertad de las personas, acusando al fiscal de actuar como fiscal y juez simultáneamente. La situación plantea cuestiones sobre garantías constitucionales y el principio de no bis in idem, ya que los mismos hechos son investigados bajo diferentes cargos. El caso de Néstor David Gómez, absuelto por una causa pero aún preso por otra, ilustra cómo esta estrategia persiste en la justicia cordobesa.

La Procuración Penitenciaria de Córdoba, encabezada por la fiscal adjunta Bettina Croppi, abordará en los próximos meses un diagnóstico integral sobre la situación de las cárceles provinciales. En una entrevista, Croppi señaló que existe superpoblación en el sistema penitenciario y que se requiere reorganizar la gestión de detenidos para evitar abusos. Destacó que actualmente hay un exceso en el uso de la prisión preventiva, donde personas son detenidas sin evidencia suficiente de riesgo procesal o fuga. Además, mencionó casos como el de Claudio Barrellier y las denuncias contra fiscales como Iván Rodríguez y Raúl Garzón, que han generado controversia en la justicia provincial. La fiscal advirtió sobre la importancia de respetar los derechos humanos y evitar que herramientas como el Jury se conviertan en instrumentos políticos. El análisis incluirá visitas a nueve cárceles con 17 mil presos, con el objetivo de mejorar las condiciones de detención y garantizar el debido proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando. El juez determinó enviarlo al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 'Altiplano' en el Estado de México. La decisión fue tomada tras una audiencia prolongada donde se presentaron pruebas sobre presuntos esquemas de contrabando de hidrocarburos, incluyendo la importación irregular de combustible mediante declaraciones falsas o incompletas para evadir impuestos. Otros acusados, como José María 'N' y Guillermo 'N', permanecerán en libertad por motivos de salud, mientras que Adriana 'N' será internada en otro centro de reinserción social. La investigación se lleva a cabo en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, destacando la posible afectación económica al país y la vinculación con organizaciones criminales.

La Fiscalía General de la República (FGR), junto con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitaron que Gilda Susana N, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, sea enviada a prisión preventiva justificada. La decisión se tomó durante una audiencia en el Reclusorio Norte, donde se argumentó que existe un alto riesgo de fuga debido a que la imputada realizó 75 viajes al extranjero, 10 de ellos en vuelos privados con destino no identificado. Además, no se acreditó su residencia efectiva en alguno de los cinco domicilios atribuidos a la familia Lozoya. La FGR también reveló una nueva investigación contra Gilda Susana por el delito de asociación delictuosa relacionado con el caso Odebrecht, que aún no está judicializado. La defensa buscará mantenerla en libertad durante el proceso. Este caso forma parte de las investigaciones abiertas contra Emilio Lozoya, quien enfrenta múltiples delitos en proceso de judicialización.

La FGR también lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsiones a empresarios y productores de tequila; un juez dictó prisión preventiva

Tras su captura el 24 de diciembre en Jalisco, la medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), que señaló a ambos como probables responsables de delitos federales

De acuerdo con la imputación federal, de un total de 96.6 millones de pesos, el ex gobernador habría intentado ocultar 73.9 millones de pesos mediante dispersión a personas físicas y morales, incluido...

La investigada enfrenta cargos por presunto desvío de recursos; su defensa técnica obtuvo una ampliación del plazo constitucional. CIUDAD ...