🔴 ¡¡ Atención a este audio de Koldo García, no tiene desperdicio !! 👇

Trabajadores del #PoderJudicial de la Federación (PJF) se #manifestaron en la avenida Arco Sur de #Xalapa para expresar su #rechazo a los nuevos lineamientos de evaluación del personal, al considerar que ponen en riesgo su estabilidad laboral y podrían comprometer la permanencia en sus plazas. #Xalapa más información ⬇️ ⬇️ ⬇️

El Poder Judicial de la Federación ha acordado modificar las reglas de evaluación del personal de carrera judicial tras las protestas de los trabajadores. Según el comunicado conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y los sindicatos, se eliminarán las sanciones, incluida la separación del cargo, para los empleados que obtengan resultados desfavorables en las evaluaciones. Además, se eliminarán las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los superiores jerárquicos. La reunión de trabajo se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre en la sede de la Suprema Corte, donde se acordó modificar el 'Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. AG-POAJ-025/2026', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre. Los trabajadores habían manifestado preocupación por el riesgo de perder sus empleos debido a una mala calificación, así como por la falta de preparación de quienes evaluarían su desempeño. También se acordó establecer mesas de trabajo permanentes entre las autoridades judiciales y los representantes sindicales para abordar futuras modificaciones. Las actividades judiciales regresarán a la normalidad el 9 de noviembre, según lo anunciado en el comunicado. Los cambios serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Este acuerdo se produce después de que los trabajadores del Poder Judicial realizaran manifestaciones en diferentes puntos del país en los últimos días, exigiendo ser escuchados ante la implementación del nuevo esquema de evaluación. El presidente del OAJ, Néstor Vargas, sufrió una caída en las instalaciones de la institución en Durango mientras se desarrollaban las protestas. La noticia destaca la importancia de la comunicación entre las autoridades y los trabajadores para resolver conflictos laborales de manera pacífica y efectiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y los Comités Ejecutivos Nacionales de los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación han acordado modificar el proceso de evaluación del desempeño laboral con el fin de garantizar que no tenga efectos sancionatorios ni implique la separación del cargo. Este acuerdo se alcanzó tras reuniones entre el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y los representantes sindicales, en el contexto del paro nacional de labores iniciado por los trabajadores del Poder Judicial el viernes 6 de noviembre. Los trabajadores habían manifestado su rechazo al nuevo esquema de evaluación, lo que llevó a la interrupción de labores en el Poder Judicial. A través de un comunicado, la Suprema Corte informó que las partes acordaron revisar el mecanismo de evaluación para atender las preocupaciones de los trabajadores y evitar que los resultados se utilicen como instrumento de sanción laboral o despido. Entre los cambios acordados se incluye la eliminación de las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales, así como la modificación de los porcentajes de los criterios que implican algún factor de subjetividad. Este acuerdo representa un paso importante para resolver el conflicto laboral que ha afectado al Poder Judicial desde el inicio del paro. La SCJN y los sindicatos han demostrado su compromiso con una solución que respete los derechos laborales de los trabajadores y mantenga la eficiencia del sistema judicial. El comunicado finaliza destacando que el objetivo es garantizar un proceso de evaluación justo y transparente que no perjudique a los empleados del Poder Judicial. Este acuerdo se suma a otros esfuerzos recientes para mejorar las condiciones laborales en el ámbito judicial, reflejando una tendencia hacia una mayor colaboración entre las instituciones y los trabajadores.

Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México iniciaron un paro de labores a partir de la medianoche del viernes 6 de noviembre de 2026, en protesta contra las nuevas evaluaciones del personal publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Según informes, al menos 17 estados de la República Mexicana se sumarán a este paro, incluyendo Ciudad de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. La vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo, explicó que el objetivo es lograr una evaluación 'más justa' que permita mejorar el servicio y la institución, sin que se castigue al personal. Los trabajadores expresaron preocupación porque el nuevo proceso considera no solo los resultados de los exámenes, sino también la calificación otorgada por los titulares de sus áreas, lo que consideran injusto. El Poder Judicial aseguró que la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026 no implicará consecuencias individuales, por lo que no pondría en riesgo el empleo de los trabajadores. Sin embargo, los empleados insisten en que el acuerdo actual amenaza su estabilidad laboral. La evaluación está programada para comenzar el 4 de diciembre y concluir el 15 del mismo mes. Los trabajadores han señalado que regresarán a sus oficinas solo si el Órgano de Administración Judicial modifica el acuerdo para eliminar las sanciones. La protesta se ha extendido a través de redes sociales, donde se difundió un video de Aguayo anunciando el inicio del paro. Además, se ha compartido información sobre el reclamo frente al Palacio de Justicia Federal San Lázaro. Los trabajadores buscan garantizar que la evaluación no sea un mecanismo de castigo, sino una herramienta para mejorar el desempeño y el servicio público. La situación refleja una tensión entre la institución judicial y su personal, con el paro como herramienta de presión para lograr cambios en el proceso de evaluación.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 1096, que establece la Ley del Poder Judicial de Puerto Rico y deroga la Ley Número 201-2003, conocida como la Ley de Judicatura del Estado Libre Asociado. La medida, de la autoría del presidente de dicho cuerpo, Thomas Rivera Schatz, ha generado controversia …

El choque interno en el CGPJ deja en el aire 15 nombramientos en el Tribunal Supremo. El reparto de comisiones agudiza la división entre vocales.

OKDiario celebra nuevas jornadas jurídicas en Marbella con jueces y fiscales tras polémicas por pagos a ponentes y apoyo de gobiernos del PP.

Trabajadores del Poder Judicial de Michoacán se han manifestado en protesta por supuestos actos de brujería en sus instalaciones, según informó el diario El Financiero. Los empleados del juzgado tercero de distrito reportaron que en sus espacios de trabajo encontraron estrellas hechas con tierra que contenían sus fotografías, acompañadas de velas en las puntas. Además, una silla de trabajo fue apuñalada y se encontró una cruz de tierra con la imagen de un juez en el centro. Los trabajadores, representados por el Sindicato de Renovación, presentaron una pancarta en las instalaciones del Poder Judicial Federal en la avenida Camelinas de Morelos, donde exigen 'verdad, respeto y justicia' y cuestionan qué sentirían si se encontraran con una situación similar en sus propios espacios laborales. El juez Rafael Linares Rivera, quien encontró su silla apuñalada y una cruz con su foto, intentó presentar una denuncia ante el Ministerio Público, pero se le negó el acceso y la evidencia fue retirada. Otra trabajadora, cuyo nombre no se reveló, también encontró una cruz de tierra en su escritorio, tras haber participado en una toma de instalaciones del Poder Judicial una semana antes. El Poder Judicial y la Fiscalía de Michoacán no han emitido comentarios oficiales sobre las denuncias ni han confirmado acciones al respecto. Los trabajadores señalan que están laborando bajo protesta por estas amenazas y piden garantías para proteger a todas las personas trabajadoras. La noticia, publicada por El Financiero, se basa en información proporcionada por el medio Quadratín, que ha documentado los hechos desde su perspectiva. Los detalles de la situación reflejan una preocupación por el ambiente laboral en el Poder Judicial michoacano, donde se han registrado incidentes que podrían considerarse como hostigamiento e intimidación. La falta de respuesta oficial por parte de las autoridades judiciales ha generado inquietud entre los empleados, quienes buscan una investigación transparente y justa para resolver el caso.

El jurista y articulista Francisco J. Bastida analiza en su columna de opinión la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de alcanzar una mayoría de tres quintos en el Senado y cuestiona que el objetivo del Partido Popular sea recuperar la independencia de las principales instituciones del Estado. Según Bastida, el líder popular pretende utilizar esa mayoría para controlar los nombramientos en organismos como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal de Cuentas, prescindiendo de la participación de las fuerzas políticas minoritarias. El autor compara esta aspiración con el lema electoral de José María Gil Robles, dirigente de la CEDA, durante las elecciones de 1936, cuando reclamaba una amplia mayoría parlamentaria. Bastida considera que la propuesta actual del PP supone una ruptura con el espíritu constitucional, que establece mayorías cualificadas de tres quintos para favorecer el consenso y la participación de distintas fuerzas políticas en la elección de los miembros de determinadas instituciones. La columna también responsabiliza al PP, al PSOE y a las asociaciones judiciales de la progresiva politización de los órganos judiciales. El articulista recuerda el bloqueo de cinco años de la renovación del CGPJ por parte del PP, así como las polémicas declaraciones del exdirigente popular Ignacio Cosidó sobre el control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Asimismo, critica al PSOE por promover nombramientos de marcado perfil político, como el de Juan Carlos Campo, antiguo ministro socialista, en el Tribunal Constitucional. Bastida cuestiona además el posible acuerdo entre el PP y Vox para las elecciones al Senado. Según el texto, la propuesta contemplaría que Vox no presentase candidaturas propias a cambio de incluir candidatos de la formación como independientes en las listas populares y de cederle puestos de senadores autonómicos en comunidades gobernadas por el PP. El autor interpreta esta iniciativa como una forma de concentrar el poder institucional y cuestiona que pueda justificarse en nombre de la defensa de España y de la Constitución.

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