Una reflexión sobre la violencia policial, la estrategia de la tensión, la criminalización de la protesta social y las experiencias de resistencia noviolenta.

El 77 % de las sanciones se impusieron bajo gobiernos progresistas. La ley que prometieron derogar sigue vigente. Las palabras cambian, los gobiernos cambian, pero el aparato sancionador permanece.

Els disturbis i els saqueigs tenen una història política: expressen conflictes socials, però no substitueixen la lluita als centres de treball.

Los disturbios y saqueos tienen una historia política: expresan conflictos sociales, pero no sustituyen la lucha en los centros de trabajo

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Por Redacción En rueda de prensa, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que conduce Juan Carlos Schmid, expresó su rechazo a la detención de trabajadores del subterráneo por parte...

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el gobierno colombiano tiene listo el decreto que modifica el protocolo de actuación del Estado frente a la protesta social, el cual será presentado oficialmente mañana, 14 de octubre, durante las manifestaciones convocadas por sindicatos y centrales obreras en todo el país. Según Lara, el decreto es 'garantista y democrático', y se enfocará en el suroccidente del país para evitar bloqueos y situaciones que alteren el orden público. El ministro explicó que el gobierno instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar y monitorear las manifestaciones, bajo la dirección del presidente Abelardo De la Espriella. El decreto contempla reformar la manera en que el Estado reacciona ante manifestaciones, el uso y verificación de la fuerza, y la protección de la protesta pacífica. Entre sus claves, se establece que el diálogo deja de ser requisito previo cuando hay violencia desde el inicio, permitiendo a la Policía actuar individualmente contra quienes cometan actos violentos. Además, se crean reglas específicas para los bloqueos y ocupaciones de accesos a empresas, que no quitan el carácter pacífico a la protesta pero que no serán tolerados. El decreto también introduce un principio de 'equilibrio constitucional', ponderando el derecho a la protesta con la vida, salud, movilidad, trabajo y servicios esenciales. Las marchas convocadas para mañana son consideradas 'de preparación' por sus organizadores, quienes buscan medir la capacidad de movilización de la oposición frente al gobierno. El expresidente Gustavo Petro se sumará a la marcha en Bogotá, pidiendo salir a protestar contra la posible afectación de la calidad de vida por la inflación en el salario mínimo, que no ha iniciado negociación. Estas manifestaciones son parte de una 'jornada de movilización preparatoria del paro nacional contra el gobierno', programada para noviembre, tras un encuentro realizado el 11 y 12 de septiembre con sindicatos y organizaciones sociales, en el que participó el Pacto Histórico.

Periodistas Unidos es un colectivo de periodistas que buscan la libertad de expresión, la defensa de periodistas y la integración de diversas disciplinas culturales para la transformación de la sociedad.

Periodistas Unidos es un colectivo de periodistas que buscan la libertad de expresión, la defensa de periodistas y la integración de diversas disciplinas culturales para la transformación de la sociedad.

La Policía de Bogotá llevó a cabo una operación policial en la capital colombiana para contener disturbios generados durante una protesta social. Según informes oficiales, 12 personas fueron detenidas por violar el orden público y participar en actos de vandalismo. El incidente ocurrió en el centro de la ciudad, donde manifestantes habían bloqueado calles y lanzado piedras contra efectivos de seguridad. Las autoridades indicaron que la operación se realizó tras recibir reportes de que los disturbios estaban poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. El jefe de la policía metropolitana explicó que los detenidos serán investigados por posibles delitos contra la seguridad pública. La protesta, que se enmarcó en la demanda por mejores condiciones laborales y salarios, se intensificó en las últimas semanas, generando tensiones entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Funcionarios locales destacaron la importancia de mantener el orden público mientras se respetan los derechos de protesta, advirtiendo que las acciones violentas serán sancionadas legalmente. El Ministerio de Defensa ha anunciado que evaluará la situación para determinar si se requiere un mayor despliegue de efectivos en la región. Esta no es la primera vez que se registran incidentes similares en Bogotá, donde las protestas sociales han sido recurrentes en los últimos años. Las autoridades han llamado a la calma y han instado a los ciudadanos a participar en las protestas de manera pacífica. Los detenidos podrían enfrentar cargos de incitación a la violencia y daño a bienes públicos. La situación ha generado debates en las redes sociales, con algunos ciudadanos apoyando la acción policial y otros criticando la represión. Las autoridades han asegurado que la operación fue necesaria para proteger la vida de los ciudadanos y mantener la estabilidad en la región.

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