La reforma acabaría con el “beber acompañado” desde los 14 y elevaría a 18 años la compra y consumo de bebidas alcohólicas

La FRAVM y la Plataforma Ecologista Madrileña se han dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para alertar de la reforma Carabanchel | Noticias | Información | Última ...

La noticia aborda la necesidad de reformar el sistema legal de construcción y enajenación de viviendas en Ecuador, tras el terremoto de 2016 que destruyó miles de hogares. Se destaca la importancia de alinear las políticas públicas con la Constitución, garantizando servicios básicos, seguridad y acceso a empleo para las familias afectadas. El texto critica la falta de regulación en el sector inmobiliario y propone una modernización del marco legal para evitar que la reconstrucción se limite a la entrega de viviendas sin considerar el bienestar integral de las comunidades. Se enfatiza que la reconstrucción debe ser una oportunidad para reconciliar la política de vivienda con los derechos constitucionales, evitando desplazar a las personas de sus territorios y respetando sus formas de vida. Además, se menciona la necesidad de fortalecer las autoridades territoriales y crear mecanismos efectivos para rescatar proyectos fallidos, priorizando al comprador de vivienda en lugar del desarrollador inmobiliario. La noticia concluye con la idea de que la reconstrucción no debe repetir los errores del pasado, sino aprovechar la tragedia para transformar el sistema de vivienda en Ecuador.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia mañanera la presentación de una iniciativa para crear la Ley General de Feminicidio, que busca unificar y fortalecer el marco legal contra este delito. La propuesta define que el feminicidio es la privación de la vida de una mujer por razones de género, con penas de 50 a 70 años de prisión. Se incluyen 19 agravantes, como la victimización de niñas, embarazadas o personas con discapacidad, y la participación de servidores públicos. La consejera jurídica Luisa María Alcalde destacó que los tipos penales actuales son fragmentados y que las fiscalías carecen de protocolos homologados para atender estos casos. La ley busca evitar el subregistro de feminicidios al establecer registros públicos estandarizados y promover una perspectiva de género en la justicia.

Francia debate una propuesta de ley que otorgaría a la policía un 'derecho legal a matar' en situaciones de emergencia, un proyecto que ha generado fuerte controversia entre organizaciones de derechos humanos y activistas. La iniciativa, presentada en el contexto de un aumento de la violencia policial en el país, establecería una presunción de legalidad para el uso de fuerza letal por parte de los agentes. La medida enfrenta críticas por parte de grupos como Amnistía Internacional y la ONG France Libertés, que denuncian que normalizaría la violencia estatal y violaría los derechos humanos. El debate surge tras un incidente mortal en París donde un policía abrió fuego contra una mujer en un restaurante, lo que ha reavivado las discusiones sobre el control de la policía y su uso de la fuerza. Los críticos argumentan que la propuesta refleja una tendencia hacia la represión y la justificación de la violencia por parte de las autoridades, mientras que el gobierno defiende que es necesaria para garantizar la seguridad pública. La controversia también abarca el contexto de un mayor control policial sobre minorías racializadas, con datos que muestran que personas de origen árabe o negro son 20 veces más propensas a ser detenidas en identificaciones. La iniciativa ha sido calificada como un ejemplo de la tendencia hacia la legalización de la violencia estatal en el país.

Se trata de una iniciativa de reforma legal y decreto presidencial, por lo que será revisado a fondo. En México se atienden las causas; advirtió que mientras las causas sigan vigentes, surgirán adicci...

Los menores que sean condenados por delitos graves serán enviados a las prisiones de adultos, esto por una reforma aprobada por el Congreso de El Salvador

Organismos de Naciones Unidas criticaron ampliamente el jueves una reforma legal en El Salvador que permite enviar a prisiones de adultos a menores vinculados a pandillas, y alertaron que transgrede convenios internacionales sobre derechos de los niños

Voces ciudadanas y especialistas chocan en torno a la reciente reforma legal

Con esta aprobación, el Congreso de la Ciudad de México reafirma su compromiso con una justicia más humana, moderna y eficiente

  Se plantea la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley de Amparo y a algunas leyes de procedimiento, señaló el titular de la UIF, Pablo Gómez

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El Gobierno español ha aprobado una reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) que introduce límites claros a la custodia compartida en casos de separación o divorcio. La normativa establece que la custodia compartida no podrá concederse cuando existan indicios de que pueda afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional del menor. Además, se elimina la edad mínima para que los menores puedan ser escuchados en los procesos judiciales que les afecten, garantizando su derecho a expresar sus opiniones desde cualquier edad. La reforma también prohíbe el uso del llamado síndrome de alienación parental en informes judiciales y administrativos, y permite que un solo progenitor pueda autorizar la atención psicológica, social o jurídica de un menor víctima de violencia. Se endurecen los requisitos para acceder a profesiones con contacto habitual con niños y se crean turnos de oficio especializados en violencia contra menores dentro de los colegios de abogados. La norma refuerza el principio del interés superior del menor, asegurando que nunca se justifique la convivencia con un progenitor agresor y que todas las decisiones estén motivadas por el bienestar físico y emocional del niño o la niña.