La revista Mongolia lleva a Abogados Cristianos a la vía civil y reclama 30.000 euros por una acusación de blanqueo que considera infundada.

El Gobierno de Aragón, formado por el Partido Popular (PP) y Vox, ha anunciado la contratación de un representante de la organización Abogados Cristianos como asesor en el área de Medio Ambiente. Esta decisión ha generado debate, ya que la organización ha sido conocida por sus acciones legales en tribunales contra políticas relacionadas con la diversidad y los símbolos cristianos. El asesor contratado, cuyo nombre no se especifica en la noticia, se unirá al Departamento de Medio Ambiente, que actualmente está bajo la responsabilidad del PP. La noticia destaca que Abogados Cristianos ha tenido una trayectoria en los tribunales aragoneses, incluyendo casos como el recurso contra la pancarta LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza en 2020, que inicialmente obtuvo una sentencia favorable, pero que finalmente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Otro caso relevante es el de la cruz de Bezas en Teruel, donde el juez rechazó los recursos presentados por Vox y Abogados Cristianos, imponiendo costas a los demandantes. La organización ha acumulado derrotas en tribunales nacionales, como la confirmación de la condena en costas por intentar paralizar el sello de Correos del centenario del Partido Comunista de España (PCE). El Gobierno de Aragón, liderado por el PP y Vox, ha sido criticado por su alineación con grupos conservadores y ultracatólicos, lo que ha generado preocupación entre sectores progresistas. La contratación de un representante de Abogados Cristianos refleja una estrategia política que busca fortalecer la influencia de estos grupos en las políticas públicas. La noticia también menciona que el Departamento de Medio Ambiente, que ahora contrata al asesor, había aprobado la demolición de la cruz de Bezas, un proyecto que Abogados Cristianos intentó frenar. El juez finalmente rechazó los recursos, destacando la falta de legitimación de los demandantes. Esta contratación podría tener implicaciones en futuras decisiones relacionadas con la gestión del patrimonio cultural y ambiental en Aragón. La noticia se publica en el contexto de un debate más amplio sobre la influencia de grupos religiosos en la política pública en España, especialmente en regiones donde los partidos conservadores tienen mayor presencia. El Gobierno de Aragón ha sido criticado por su enfoque en políticas que favorecen a los intereses de grupos conservadores, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. La contratación de un asesor de Abogados Cristianos es un ejemplo de esta tendencia, que podría afectar la transparencia y la equidad en la toma de decisiones gubernamentales.

Ane Lindane, cómica vasca, ha reaccionado con humor al anuncio de que Abogados Cristianos ha conseguido que su performance en una iglesia durante el festival Euskal Herria Zuzenean llegara a juicio en Bilbo. La artista, inmersa en la Aste Nagusia, criticó al grupo ultracatólico por denunciar su actuación como delito de escarnio, asegurando que su comportamiento durante el festival fue inofensivo. Lindane llamó a los abogados a 'hacer un par de gaupasas y se os quita la tontería', destacando la importancia de la libertad de expresión. La situación se originó tras una grabación en la que simulaba masturbarse con un crucifijo, lo que fue denunciado por la asociación ultracatólica. Lindane rechazó la acusación, señalando que las iglesias en Francia son de titularidad pública y que no existe el delito de escarnio. La noticia refleja un conflicto entre la libertad de expresión y las normas religiosas, destacando la polarización social en torno a este tema.

Ane Lindane será juzgada por escarnio religioso tras su polémica actuación con un crucifijo en una iglesia. Estas son las claves de su caso.

Este órgano judicial ha archivado la denuncia que la entidad ultraconservadora había planteado contra el ayuntamiento de Barcelona por la difusión de un

Quequé afrontará juicio el 30 de noviembre por presunto acoso a Polonia Castellanos. Fiscalía pide dos años y la acusación pide cuatro años.

El Alto Tribunal rechaza la pretensión de la fundación ultra de anular el Real Decreto del Gobierno que creó en abril de 2025 el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de entidades y ...

@abogadoscristianos estuvo en la Acusación particular? Ya que no lo denunció antes, igual... Y @hazteoir ??