Una avalancha de conexiones por la alerta roja saturó la red de teletrabajo de la Generalitat y dejó a numerosos empleados sin acceso normal

El debate sobre transparencia enfrenta dos necesidades distintas: controlar a las instituciones y proteger la privacidad y los datos del ciudadano.

Los funcionarios de Justicia pasan a 35 horas semanales desde el 22 de septiembre, con nuevas reglas para horarios, guardias y dedicación especial.

La comunidad se sitúa 191 días por debajo de la media nacional y consolida uno de los tiempos más ágiles del país en la tramitación de expedientes.

La fiscalización analiza 37.921 millones sometidos a control posterior: el 93,62% de los informes tuvo salvedades o una opinión desfavorable

Antifraude cuestiona la salida sin preaviso de dos responsables vinculados a Pilar Bernabé y cifra en más de 31.000 euros el impacto discutido.

La ampliación forma parte del convenio con Interior para alcanzar 150 agentes y reforzar vigilancia, protección y servicios esenciales en la Comunidad.

Getxo renueva por quinta vez software de Check Point mediante contratos directos, con debate político, dependencia tecnológica y dudas legales.

La noticia aborda la necesidad de transparencia en la Administración Pública y su impacto en el sector público. Se destaca el rol de la transparencia como herramienta para combatir la corrupción y mejorar la confianza ciudadana. El texto menciona la importancia de los mecanismos de rendición de cuentas, como la auditoría interna y externa, así como la divulgación de información pública. Se analiza cómo la transparencia puede fortalecer la participación ciudadana y garantizar la eficiencia en el uso de recursos públicos. Además, se menciona el desafío de implementar políticas efectivas que promuevan la transparencia en instituciones públicas, enfrentando obstáculos como la falta de recursos, la burocracia y la resistencia a la divulgación de información sensible. El artículo también resalta el papel de organismos de control, como la Contraloría General, en la supervisión de la gestión pública y la protección de los derechos ciudadanos. Finalmente, se enfatiza la importancia de la transparencia como valor fundamental para la democracia y el buen gobierno.

El BOE reúne 44 convocatorias abiertas para funcionario de carrera, con plazas de acceso libre, perfiles variados y plazos que cambian mucho.

La gestión de crisis se define como el proceso mediante el cual se toman decisiones difíciles y se implementan acciones para mitigar daños durante emergencias. Durante una crisis, la información es clave para evitar pánico y garantizar respuestas adecuadas. La preparación previa permite identificar amenazas y planificar respuestas, mientras que la evaluación posterior ayuda a aprender de errores y mejorar futuras acciones. La administración pública debe contar con sistemas claros, coordinación eficaz y liderazgo sólido para responder rápidamente a emergencias. La experiencia internacional muestra que la flexibilidad, el análisis basado en evidencia y la adaptabilidad son fundamentales para garantizar estabilidad y seguridad. La resiliencia institucional depende de protocolos definidos, capacitación continua y la capacidad de actuar con agilidad ante situaciones complejas.

Desde septiembre, la Seguridad Social dejará de enviar algunas cartas a ciertos usuarios y trasladará esas notificaciones al formato digital.

La Administración digital facilita gestiones, pero también traslada errores, trámites y carga técnica al ciudadano. La otra cara del sistema.

La convocatoria de 43 plazas en 24 municipios consolida el modelo unificado y refuerza la formación y selección de la Policía Local en Aragón.

La nueva herramienta permitirá a ciudadanos y empresas proponer mejoras normativas y acelerar la gestión de ayudas públicas.

Más de la mitad de los altos funcionarios de la Agencia Tributaria ocupa puestos de libre designación, un sistema que reabre dudas internas.

El Supremo cierra la fijeza automática de los interinos, pero reconoce indemnizaciones por abuso de temporalidad, daños morales y perjuicios.

El software libre devuelve a las instituciones el control de sus datos, reduce dependencias y convierte el gasto público en patrimonio común.