Al-Ghurabá es una revista gratuita, online y de periodicidad mensual dedicada a la prevención de la radicalización violenta de etiología yihadista. Nacida en agosto de 2017 como proyecto de la Comu…

La noticia aborda el contexto de Buenaventura, ciudad portuaria en Colombia, tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, que ha generado una pausa temporal en la violencia y la delincuencia, pero también ha resaltado el dilema que enfrentan las bandas criminales como los 'Shottas' y 'Espartanos' entre continuar con la violencia o apostar por la paz. El terremoto, que causó graves daños en viviendas y una estela de muerte, ha puesto en pausa la problemática de la violencia, pero con el retorno gradual de la normalidad, esta ha reaparecido. El nuevo Gobierno Nacional adopta una postura más ofensiva, buscando someter a las bandas criminales a la justicia sin concesiones. El exdelegado del Gobierno Nacional, Héctor Fabio Cardozo, destaca que los jóvenes de estas bandas están 'mamados de la violencia' y herederos de dinámicas delictivas que han persistido por más de cuatro décadas. Aunque hubo avances en la reducción de la violencia durante los periodos de diálogo entre 2023 y 2024, se presentaron rupturas por incumplimientos y desacuerdos en temas como el freno a la violencia basada en género. Cardozo sostiene que la única salida viable es una ley de sometimiento a la justicia, que permitiría a los grupos armados arriesgarse a una vida más tranquila. El coronel Edgar Santacruz, comandante del Distrito Especial de Buenaventura, reporta una disminución del 35,8% en homicidios en comparación con 2025, atribuyendo esto a la presión institucional sobre los grupos criminales. Las economías ilícitas, como el narcotráfico y el control territorial, son el combustible de los grupos armados, y la Policía Nacional ha logrado 296 capturas por delitos en el corte de septiembre, debilitando las estructuras criminales y mejorando la percepción de seguridad en la comunidad. La noticia destaca la importancia de abordar las causas profundas de la violencia, como el control de economías ilícitas, para lograr una paz sostenible en Buenaventura.

El gobierno nacional confirmó el traslado de 39 presos considerados de alta peligrosidad desde cárceles de Barranquilla hacia centros penitenciarios de máxima seguridad en diferentes regiones del país. Esta tercera fase de una estrategia busca cortar las comunicaciones de bandas criminales como Los Costeños y Los Pepes, que operaban desde prisión para ordenar extorsiones y homicidios. El movimiento forma parte de la ofensiva integral de seguridad urbana liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien seleccionó Barranquilla como foco prioritario debido al incremento de delitos en la región. Los allanamientos previos revelaron que los internos mantenían 'oficinas del delito' con equipos para seguir cometiendo crímenes. Este operativo se suma a dos anteriores, reforzando el esfuerzo por reducir la actividad criminal desde las cárceles.

Dos bandas itinerantes robaban viviendas con ácido, marcas en puertas y técnicas casi invisibles. Siete detenidos y cinco enviados a prisión.

El Concejo de Medellín advierte que dos cabecillas de la banda criminal 'Los Machacos' están a punto de recibir beneficios judiciales, incluyendo casa por cárcel. El concejal Andrés Tobón señaló que alias 'Morocho' y 'ACPM' buscan obtener estas facilidades pese a estar acusados de múltiples delitos como homicidios y extorsión. Las autoridades solicitan a los jueces que impongan medidas de vigilancia estrictas para evitar que estos líderes criminales obtengan beneficios que podrían poner en riesgo la seguridad de las comunidades afectadas. La estructura criminal opera en sectores como Castilla y el 12 de octubre, donde cometen delitos contra la vida y el patrimonio. El concejal pide además que la Procuraduría y la Fiscalía garantizen que los procesos judiciales no se beneficien a quienes han cometido crímenes graves.

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Suecia debate encarcelar a menores de 13 años por crímenes de bandas, una medida dura que sacude el modelo social nórdico y abre una grieta.

El alcalde Francis Paz expresó su profunda preocupación por la inseguridad que paraliza a La Iguala, segundo municipio más extenso y poblado de Lempira con 33,000 habitantes, donde el temor a las bandas criminales ha convertido al toque de queda informal en una realidad cotidiana. Este artículo «En La Iguala hay 13 policías para 33,000 habitantes y la gente se encierra a las 6 PM por miedo» se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

El ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Sergio Coello, reconoció este martes la existencia de una arraigada "estructura público-privada de corrupción" que ha logrado penetrar todos los poderes del Estado, y admitió que en la actualidad todavía hay representantes de estas redes criminales operando dentro de las instituciones. Este artículo Ministro de Transparencia reconoce que «estructura público-privada de corrupción» ha penetrado todos los poderes del Estado se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

Tegucigalpa – Una amplia operación conjunta liderada por el Ministerio Público logró desarticular a la banda delictiva conocida como «El Mango», integrada por policías activos y exagentes que operaba en diversas regiones de Honduras. Las acciones fueron…

El municipio de Itagüí, en el Valle de Aburrá, atraviesa una grave situación de seguridad tras el incremento reciente de homicidios y la aparición de panfletos amenazantes que han circulado en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Estos mensajes incluían advertencias sobre supuestos toques de queda y amenazas de 'limpieza social', lo que ha generado temor entre los habitantes de varios barrios y zonas rurales. Según las autoridades locales, la actual ola de violencia estaría relacionada con una disputa interna entre estructuras criminales de origen colombiano y venezolano que se disputan el control territorial en sectores estratégicos del municipio. En apenas diez días se han registrado siete homicidios, una cifra que contrasta con los datos de años anteriores, cuando los asesinatos eran significativamente menores. Ante esta situación, la administración municipal, junto con la Policía, el Ejército y la Fiscalía, desplegó un amplio operativo de seguridad con apoyo de drones y vigilancia aérea. Como resultado, se logró la captura de varias personas y la incautación de armas, municiones y drogas, además del desmantelamiento de una bodega utilizada por estas organizaciones. El alcalde anunció una recompensa de hasta 80 millones de pesos para quienes entreguen información que permita capturar a los responsables. Las autoridades insisten en que se trata de un enfrentamiento entre bandas y piden a la ciudadanía mantener la calma y colaborar con información para recuperar la seguridad en la zona.

El 8 de abril de 2026, la cárcel de La Paz en Itagüí se convirtió en el centro de la polémica nacional por la celebración de una parranda vallenata organizada por internos, incluyendo a cabecillas históricos de bandas criminales del Valle de Aburrá. La fiesta, que habría costado cerca de 500 millones de pesos y contó con más de un centenar de visitantes no autorizados, generó cuestionamientos sobre la gestión y seguridad del penal. Los involucrados, 'Pocho' y 'Lindolfo', son voceros de la mesa de paz urbana, un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional y las estructuras criminales con el objetivo de reducir la violencia y facilitar la transición de estas organizaciones al Estado de Derecho. Tras la revelación de los hechos, se suspendieron temporalmente los diálogos y se iniciaron investigaciones sobre 12 funcionarios del Inpec, incluyendo al director y subdirector del penal, además de trasladar a algunos internos a otras cárceles. Sin embargo, este 22 de mayo, la delegación de paz urbana anunció la reanudación de los diálogos, subrayando que la paz urbana no se suspende y que a pesar de los intentos de sabotaje político, judicial y penitenciario, continúan comprometidos con la reducción de homicidios, la justicia restaurativa y la transformación de economías ilícitas en el Valle de Aburrá. El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión y destacó la importancia de estos procesos para disminuir la violencia y frenar el narcotráfico en Medellín.

El Consejo de Estado de Colombia ordenó frenar los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional a siete cabecillas de bandas criminales que habían quedado exentos temporalmente de sus órdenes de captura. Estos individuos habían sido reconocidos previamente por el gobierno de Gustavo Petro como interlocutores en los diálogos de Paz Urbana, un mecanismo para intentar reducir la violencia en las ciudades. Entre los más conocidos se encuentra alias 'El Montañero', identificado como Luis Rodrigo Rodríguez, quien ha acumulado más de 28 años de trayectoria criminal y tiene antecedentes por homicidio, hurto, cohecho y porte ilegal de armas. Otros cabecillas incluyen a alias 'Alber', 'Mundo Malo', 'Naranjo', 'Clemente', 'El Abogado' y 'Perica', quienes tienen largos historiales de delitos relacionados con concierto para delinquir, extorsión, terrorismo y desplazamiento forzado. La reactivación de las órdenes de captura responde a demandas presentadas por la Gobernación de Antioquia, que advertía sobre el riesgo que representaba mantener a estas personas en libertad. Las autoridades expresaron que estos cabecillas podrían ser capturados de inmediato y destacaron el riesgo de fuga internacional que algunos representan. Esta medida genera un nuevo foco de atención sobre la seguridad y la efectividad de los procesos de paz urbana en el país, así como sobre la gestión del gobierno de Petro en materia de seguridad y justicia.

El Consejo de Estado de Colombia revocó provisionalmente la resolución emitida por la Fiscalía que había suspendido las órdenes de captura contra varios cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, en el marco de los diálogos de paz total. Inicialmente, la Fiscalía había levantado las capturas de 23 líderes, de los cuales 16 estaban en la cárcel La Paz de Itagüí, donde se registró una polémica parranda vallenata que implicó directamente a los detenidos y llevó al gobierno a pausar la mesa de negociaciones por la incertidumbre sobre su responsabilidad en los hechos. Posteriormente, la Fiscalía redujo el número de afectados a siete personas en libertad, incluyendo a Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “El Montañero”, líder de la banda urbana “El Mesa”. La reactivación de las órdenes de captura se da luego de una demanda presentada por el departamento de Antioquia, gobernado por Andrés Julián Rendón, quien se había opuesto a la medida original. El Consejo de Estado argumentó que la Fiscalía no realizó un análisis propio sobre la justificación para suspender las capturas y advirtió sobre un riesgo de fuga internacional de los cabecillas. Además, señaló que la resolución no cumplía con los límites establecidos por la Corte Constitucional, instando al gobierno a evaluar cuidadosamente los requisitos legales y jurisprudenciales antes de emitir suspensiones de capturas, incluso dentro de los procesos de paz.

En Buenaventura persiste la preocupación por la explotación sexual de niñas, adolescentes y jóvenes a manos de las bandas criminales 'Shottas' y 'Espartanos', esta última con un grupo armado conocido como 'los Chiquillos'. Ante las denuncias de la ciudadanía, el Gobierno Nacional, a través del delegado Fabio Cardozo, facilitó un acuerdo con estas estructuras ilegales para que cesen esta práctica y el reclutamiento de menores. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reconoció la existencia del pacto pero insistió en la necesidad de establecer mecanismos claros de verificación y seguimiento, ya que en muchas ocasiones estos acuerdos no se cumplen. La mandataria regional manifestó que las jóvenes son instrumentalizadas, se les ofrecen recursos y luego son obligadas a participar en actividades de las bandas, lo que constituye un abuso sexual. Toro enfatizó que se requiere control real para proteger a las niñas y jóvenes de Buenaventura y evitar que sigan siendo utilizadas por los grupos armados. El caso ha generado zozobra en la ciudad portuaria y pone de manifiesto los desafíos de los diálogos y pactos con estructuras criminales en medio del conflicto armado y la violencia que afecta especialmente a la población más vulnerable en el Pacífico colombiano.