YouTube video by 90 Segundos Noticias

YouTube video by 90 Segundos Noticias

YouTube video by 90 Segundos Noticias

YouTube video by 90 Segundos Noticias

YouTube video by 90 Segundos Noticias

Voceros desde la cárcel de Itagüí ofrecen excusas públicas, asumen responsabilidad por hechos recientes y piden reactivar los diálogos de paz urbana con el Gobierno.

El gobierno de Colombia anunció la transferencia de 117 presos altamente perfilados, vinculados a procesos de diálogo de paz, a instalaciones penales de alta seguridad. La medida, ordenada por el presidente Abelardo, busca reforzar la seguridad en las zonas donde se desarrollan negociaciones para terminar el conflicto armado. Los detenidos incluyen líderes de grupos rebeldes y figuras clave en acuerdos anteriores, lo que ha generado debate sobre su impacto en los procesos de paz. La decisión fue comunicada por la periodista María José Sánchez Nieto, quien destacó el rol del Estado en garantizar la seguridad durante las negociaciones. Los presos serán trasladados a cárceles ubicadas en varias regiones del país, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali. El anuncio fue hecho públicos mediante un comunicado oficial que detalla los motivos legales de la medida. La acción ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes consideran que el traslado podría afectar negativamente las negociaciones en curso. Sin embargo, autoridades justifican la decisión como una necesidad para prevenir actos delictivos y proteger a las partes involucradas en los diálogos. La medida también ha generado preocupación entre activistas que advierten sobre el impacto en la confianza de las comunidades afectadas por el conflicto.

Iván Cancino, voceros del Espacio Sociojurídico y Corpades solicitaron una investigación urgente sobre el supuesto plan de fuga denunciado en la cárcel La Paz de Itagüí y defendieron la continuidad de...

Iván Cancino, voceros del Espacio Sociojurídico y Corpades solicitaron una investigación urgente sobre el supuesto plan de fuga denunciado en la cárcel La Paz de Itagüí y defendieron la continuidad de...

YouTube video by 90 Segundos Noticias

YouTube video by 90 Segundos Noticias

Jhon Fredy Yepes Hoyos aclaró que su libertad se produjo tras cumplir la totalidad de su condena y no por beneficios judiciales. Reiteró además su compromiso con la paz urbana y la reconciliación en M...

Voceros desde la cárcel de Itagüí ofrecen excusas públicas, asumen responsabilidad por hechos recientes y piden reactivar los diálogos de paz urbana con el Gobierno.

Jhon Fredy Yepes Hoyos aclaró que su libertad se produjo tras cumplir la totalidad de su condena y no por beneficios judiciales. Reiteró además su compromiso con la paz urbana y la reconciliación en M...

El análisis, inclusive, va más allá. Esta medida tiene una profunda dimensión política y social. El llamado Espacio de Conversación Sociojurídico, instalado en la cárcel de Itagüí, ha producido result...

495 palabras, 3 minutos de tiempo de lectura. El más reciente informe de Corpades destaca que las conversaciones de paz con estructuras armadas organizadas están reduciendo los homicidios en el Valle ...

551 palabras, 3 minutos de tiempo de lectura. El presidente Gustavo Petro enfrenta críticas tras la participación de voceros detenidos en un acto oficial de Paz Urbana en Medellín. La oposición lo acu...

La reactivación de la mesa de paz urbana en el Valle de Aburrá generó un fuerte debate político y social en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez criticó duramente la iniciativa, impulsada por la senadora Isabel Zuleta, al considerar que representa una “instrumentalización” del concepto de paz por parte de estructuras criminales. Según el mandatario, estos grupos, responsables de delitos como homicidios, extorsiones y reclutamiento de menores, no deberían ser reconocidos como interlocutores válidos en procesos de diálogo, y el Estado debe priorizar su neutralización mediante la acción de la fuerza pública. Gutiérrez también advirtió que el discurso de paz puede ser utilizado por organizaciones ilegales como estrategia para fortalecer su control territorial y continuar con actividades delictivas. En contraste, la senadora Isabel Zuleta defendió la mesa de paz urbana, argumentando que ha contribuido a mejoras en indicadores de seguridad, como la reducción de la tasa de homicidios en el área metropolitana a 9,5 por cada 100.000 habitantes en el último año. Para ella, este proceso forma parte de una estrategia integral de intervención social que busca reducir la violencia y el consumo de drogas en la región. El principal punto de choque entre ambas posturas es el enfoque de seguridad: mientras la administración distrital propone una respuesta contundente contra el crimen organizado, los promotores de la mesa de paz defienden el diálogo y la reconciliación como herramientas para disminuir la violencia urbana. El debate refleja la profunda polarización en Medellín sobre cómo enfrentar las estructuras criminales y garantizar la seguridad ciudadana.

El 8 de abril de 2026, la cárcel de La Paz en Itagüí se convirtió en el centro de la polémica nacional por la celebración de una parranda vallenata organizada por internos, incluyendo a cabecillas históricos de bandas criminales del Valle de Aburrá. La fiesta, que habría costado cerca de 500 millones de pesos y contó con más de un centenar de visitantes no autorizados, generó cuestionamientos sobre la gestión y seguridad del penal. Los involucrados, 'Pocho' y 'Lindolfo', son voceros de la mesa de paz urbana, un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional y las estructuras criminales con el objetivo de reducir la violencia y facilitar la transición de estas organizaciones al Estado de Derecho. Tras la revelación de los hechos, se suspendieron temporalmente los diálogos y se iniciaron investigaciones sobre 12 funcionarios del Inpec, incluyendo al director y subdirector del penal, además de trasladar a algunos internos a otras cárceles. Sin embargo, este 22 de mayo, la delegación de paz urbana anunció la reanudación de los diálogos, subrayando que la paz urbana no se suspende y que a pesar de los intentos de sabotaje político, judicial y penitenciario, continúan comprometidos con la reducción de homicidios, la justicia restaurativa y la transformación de economías ilícitas en el Valle de Aburrá. El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión y destacó la importancia de estos procesos para disminuir la violencia y frenar el narcotráfico en Medellín.