El gobierno autonómico de Aragón decidió abstenerse en la aprobación de fondos estatales destinados a la climatización de colegios, exigiendo que se incluyeran también las escuelas concertadas. Esta decisión generó críticas desde el PSOE y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPAR), quienes consideraron que la postura es ideológica y discriminadora. El Ejecutivo aragonés argumenta que tanto los centros públicos como los concertados forman parte de la red educativa pública, por lo que las ayudas deben llegar a ambos para garantizar equidad y adaptación climática. La Federación FAPAR destacó que la concertación se otorga para el pago de docentes y programas, no para infraestructuras ni mantenimiento, lo cual refleja un desacuerdo con la propuesta del gobierno local. Esta situación resalta las tensiones entre políticas educativas públicas y privadas en el contexto de la transición energética.