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La reforma penal eleva a delito la entrada sin aduana de envíos valorados por encima de 100.000 rublos

El Congreso avanza hacia la eliminación de las injurias al rey y las ofensas religiosas, una reforma que reabre el debate sobre la libertad.

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ha rechazado la propuesta de un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura De Marinis, quienes no aplicaron la reforma penal juvenil en sus fallos. Bullrich, en un comunicado, señaló que los fallos judiciales no deben ser motivo para iniciar un juicio político, destacando que cada decisión judicial debe ser evaluada en su contexto. La senadora, aunque cuestionó los fallos de las mencionadas juezas, enfatizó que la institucionalidad y el respeto a las decisiones judiciales son fundamentales para el sistema democrático. La noticia se publica en el diario Página|12, con fecha del 25 de septiembre de 2026, y forma parte de una serie de artículos que abordan temas de justicia y política en Argentina. La reforma penal juvenil, que busca proteger a menores en el sistema judicial, ha generado debate en el ámbito legal y político, con posturas divididas entre quienes defienden su aplicación estricta y quienes consideran que debe adaptarse a cada caso. Bullrich, al posicionarse en contra del juicio político, se distancia de una iniciativa que impulsan otros sectores de su coalición, La Libertad Avanza y el PRO, lo que refleja tensiones internas en el ámbito político. La senadora ha sido reconocida por su postura firme en temas de seguridad y justicia, pero en este caso, su decisión de no apoyar el juicio político podría ser vista como un intento de mantener la neutralidad institucional. El tema ha generado debate en la sociedad argentina, con especial atención en los círculos legales y políticos, sobre el equilibrio entre la aplicación de la ley y la independencia judicial. La noticia refleja la complejidad de las decisiones judiciales en un contexto político polarizado, donde cada acción de los jueces puede ser interpretada como un acto político. La posición de Bullrich, aunque no es nueva en su trayectoria, es relevante en este momento debido a la creciente tensión entre el poder judicial y las fuerzas políticas en Argentina. La reforma penal juvenil, que entró en vigencia en 2025, ha sido objeto de críticas y elogios, y su aplicación ha sido un tema de debate en el Congreso. La senadora, al rechazar el juicio político, ha optado por no profundizar en el conflicto, lo que podría ser interpretado como una estrategia para evitar una mayor polarización en el ámbito judicial. En resumen, la noticia destaca la postura de Patricia Bullrich frente a un tema sensible en la justicia argentina, mostrando su compromiso con la institucionalidad y el respeto a la independencia judicial, a pesar de las presiones políticas.

La Cámara de Apelaciones de la justicia porteña revocó el fallo de la jueza Laura de Marinis, quien había declarado inconstitucional un artículo de la reforma penal juvenil. La magistrada había sobreseído a un menor de 14 años acusado de intentar robar un celular, argumentando que la edad del imputado lo eximía de responsabilidad penal. La decisión de la Cámara, que apartó a la jueza del caso, representa un avance del punitivismo en el sistema judicial argentino. Este fallo se produce en un contexto de debate intenso sobre la baja de imputabilidad y la reforma penal juvenil, temas que han generado controversia en el ámbito legal y social. La noticia destaca que la justicia porteña ha tomado una posición firme en contra de las interpretaciones que buscan proteger a menores de edad en casos de delitos, optando por aplicar las normas penales sin excepciones. El caso ha sido analizado en el marco de un conflicto más amplio entre las tendencias punitivas y las que buscan una justicia más enfocada en la reinserción social de los jóvenes. La revocación del fallo de la jueza De Marinis refleja una tendencia en el sistema judicial que prioriza la aplicación estricta de las leyes sobre la consideración de circunstancias particulares en casos de menores. Este movimiento se inscribe en un contexto de tensiones políticas y sociales en Argentina, donde la reforma penal juvenil ha sido un tema central en los debates sobre justicia y derechos humanos. La noticia, publicada el 26 de septiembre de 2026, refleja la complejidad de las decisiones judiciales en un momento en que el país enfrenta desafíos en la implementación de políticas penales que equilibren la seguridad pública con la protección de los derechos de los menores.

La Justicia porteña revocó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años. Este fallo, que había sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de participar en un intento de robo, generó una fuerte reacción política. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la senadora nacional Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, celebraron la decisión de la Cámara Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, que revocó por unanimidad el fallo de De Marinis y apartó a la magistrada del expediente. Macri expresó que se trata de "un necesario freno al garantismo judicial" y sostuvo que "la ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso". Bullrich, por su parte, destacó que la Cámara anuló el fallo de la jueza "pro delincuentes" y enfatizó que la Ley Penal Juvenil contempla distintas penas, incluida la prisión, según la gravedad del delito, y que no contempla que una jueza elija qué leyes aplicar según su ideología. El conflicto adquirió relevancia porque la nueva legislación penal juvenil, presentada por el Gobierno nacional como una de las principales modificaciones de su política de seguridad, entró en vigencia el 5 de septiembre. La jueza De Marinis había sostenido que la aplicación del régimen penal en el caso era incompatible con garantías constitucionales y el sistema de protección integral de niños y adolescentes, pero la Cámara revocó su decisión, respaldando la vigencia de la normativa. El exministro de Seguridad porteño Waldo Wolff y el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia también celebraron la resolución. Por otro lado, legisladores opositores como Graciela Ocaña celebraron la medida, mientras que Graciana Peñafort y Claudio Ferreño criticaron la decisión, argumentando que prioriza la preservación formal de la norma sobre los compromisos internacionales y que refleja un sesgo clasista en la política de seguridad. La revocación del fallo marca un hito en la discusión sobre el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil y la relación entre la justicia y la política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que impulsará un juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien sobreseyó a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo, en contradicción con el nuevo régimen penal juvenil. En un comunicado publicado en la red social X, Tapia expresó que la decisión de la magistrada, que declaró inconstitucional el marco regulatorio vigente para un joven de 14 años, es inadmisible y que CABA no tolerará una Justicia 'garantista' en este sentido. La jueza De Marinis, integrante del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, en su fallo determinó que el menor no podía ser condenado por tentativa de robo, declarando la inconstitucionalidad del artículo aplicable y ordenando su sobreseimiento, además de dar participación a organismos asistenciales estatales para su contención. Tapia criticó duramente la decisión, asegurando que 'las leyes están para que los jueces las apliquen, no las interpreten', y destacó que la magistrada tiene 'varios antecedentes' y es 'la jueza que más revocaciones tiene'. El fiscal general de la Ciudad ya presentó un recurso de apelación para revertir la resolución judicial, y el ministro confía en que las instancias superiores modificarán el criterio. Tapia también señaló que esta decisión genera 'bronca e indignación' en la ciudadanía, y que el Ejecutivo porteño ha trabajado durante dos años para modificar el comportamiento social mediante normas y leyes que aseguren que quienes no cumplen con la ley enfrenten consecuencias. El ministro aseguró que el fallo es 'para un caso puntual' y que la cámara de apelación 'seguramente lo revertirá', reforzando su postura de que la justicia debe aplicar las leyes sin interpretaciones personales. La noticia refleja un conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo porteño en torno a la interpretación de la reforma penal juvenil, que bajó la edad de imputabilidad, y plantea cuestiones importantes sobre el equilibrio entre la aplicación estricta de las leyes y la interpretación judicial en casos sensibles.

La noticia analiza la necesidad de modernizar el sistema penal en Córdoba mediante la implementación de un modelo acusatorio puro, en línea con los estándares constitucionales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo, escrito por Marcelo Hidalgo, profesor de Derecho Procesal Penal, señala que la persistencia de estructuras híbridas en el sistema judicial de Córdoba degrada la imparcialidad y la eficiencia del proceso. Según el autor, la Corte Suprema en el fallo 'Casal' (20/09/2005) estableció que la adopción del sistema acusatorio no es una sugerencia, sino una obligación constitucional para garantizar el debido proceso y la imparcialidad, tal como exige el Artículo 18 de la Constitución Nacional. El diagnóstico crítico identifica tres ejes fundamentales para la reforma: cimientos constitucionales y estructurales, transparencia en la transición y excelencia en el contradictorio. Entre las propuestas se destacan la separación absoluta de funciones entre el juez y el fiscal, la creación de una Audiencia Preliminar de Control de Acusación para depurar pruebas y evitar dilaciones, y la garantía de un contraditorio efectivo donde el derecho a interrogar y contrainterrogar a testigos sea pleno. El autor subraya que la reforma no requiere la construcción de nuevos edificios, sino una transformación en la 'lógica de trabajo' del sistema judicial, armonizando la eficiencia investigativa con el respeto a las garantías constitucionales. La propuesta busca consolidar un proceso donde la investigación y la decisión judicial operen de forma sinérgica, evitando la confusión de roles que actualmente vulnera el derecho de defensa y genera una justicia lenta y opaca percibida por los ciudadanos. La modernización del sistema penal cordobés se presenta como un imperativo ético y constitucional insoslayable, necesario para asegurar que el rito penal sea efectivamente el resguardo de la libertad y la realización de la justicia.

El Congreso avanza en una reforma que eliminará varios delitos restrictivos de la libertad de expresión, como las injurias al rey, ofensas a los sentimientos religiosos y ultrajes a los símbolos nacionales. La coalición entre PSOE y Sumar ha logrado derogar una enmienda conservadora que frenaba el avance de la propuesta, permitiendo que continúe su tramitación. Esta iniciativa busca despenalizar también calumnias e injurias a instituciones del Estado, aunque se mantiene el delito de enaltecimiento del terrorismo para evitar recelos de otros grupos políticos. La medida podría liberar juzgados sobrecargados y proteger la libertad de expresión ciudadana, según organizaciones como Abogados Cristianos que han criticado su uso excesivo para acusar a ciudadanos.

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