La noticia analiza la necesidad de modernizar el sistema penal en Córdoba mediante la implementación de un modelo acusatorio puro, en línea con los estándares constitucionales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo, escrito por Marcelo Hidalgo, profesor de Derecho Procesal Penal, señala que la persistencia de estructuras híbridas en el sistema judicial de Córdoba degrada la imparcialidad y la eficiencia del proceso. Según el autor, la Corte Suprema en el fallo 'Casal' (20/09/2005) estableció que la adopción del sistema acusatorio no es una sugerencia, sino una obligación constitucional para garantizar el debido proceso y la imparcialidad, tal como exige el Artículo 18 de la Constitución Nacional. El diagnóstico crítico identifica tres ejes fundamentales para la reforma: cimientos constitucionales y estructurales, transparencia en la transición y excelencia en el contradictorio. Entre las propuestas se destacan la separación absoluta de funciones entre el juez y el fiscal, la creación de una Audiencia Preliminar de Control de Acusación para depurar pruebas y evitar dilaciones, y la garantía de un contraditorio efectivo donde el derecho a interrogar y contrainterrogar a testigos sea pleno. El autor subraya que la reforma no requiere la construcción de nuevos edificios, sino una transformación en la 'lógica de trabajo' del sistema judicial, armonizando la eficiencia investigativa con el respeto a las garantías constitucionales. La propuesta busca consolidar un proceso donde la investigación y la decisión judicial operen de forma sinérgica, evitando la confusión de roles que actualmente vulnera el derecho de defensa y genera una justicia lenta y opaca percibida por los ciudadanos. La modernización del sistema penal cordobés se presenta como un imperativo ético y constitucional insoslayable, necesario para asegurar que el rito penal sea efectivamente el resguardo de la libertad y la realización de la justicia.

En la provincia de Corrientes se dictó la primera condena en un juicio oral realizado bajo el nuevo sistema acusatorio federal, marcando un precedente en la celeridad de los procesos judiciales. El Tribunal Oral Federal, a cargo del juez Eduardo Belforte, sentenció a cuatro años de prisión efectiva a una mujer considerada coautora del delito de transporte de estupefacientes, tras comprobarse su participación en el envío de más de 47 kilos de marihuana mediante encomiendas del Correo Argentino. La investigación se originó el 29 de enero, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un control rutinario en la Ruta Nacional 12, en Corrientes, donde un perro detector de drogas alertó sobre dos bultos sospechosos transportados en un camión postal. Tras la autorización judicial, se hallaron 56 paquetes con cannabis sativa, que habían sido despachados desde Misiones con destino final a Córdoba. A partir de ese hallazgo, la fiscalía implementó una entrega vigilada, reemplazando la sustancia ilícita para seguir el recorrido del envío y detectar a los responsables. El 3 de febrero, la acusada fue detenida en una sucursal del correo en Córdoba al retirar los paquetes, junto a un acompañante que continúa vinculado a la causa. Durante el juicio, la fiscalía logró acreditar su responsabilidad con pruebas documentales, pericias y registros de la operación. El tribunal también destacó la magnitud del cargamento, estimado en más de 772 mil dosis umbrales, y encuadró la conducta en la Ley de Estupefacientes y el Código Penal. El proceso se resolvió en apenas cuatro meses, lo que fue señalado como un avance significativo en la eficiencia del sistema judicial federal.