Los misiles de Estados Unidos no frenan las narcolanchas en el Caribe colombiano
Primero, se escucha el zumbido agudo de los drones en lo alto. Luego viene el estruendo de las **explosiones**. “Y luego los días siguientes el mar trae pimpinas [bidones que almacenan gasolina], pedazos de lancha, drogas, gente también”, cuenta Alberto, un empresario local que vive en la remota península colombiana de La Guajira.
Esta sombría secuencia de eventos se ha vuelto familiar para quienes viven a lo largo de esta árida franja de desierto, cuyas costas son bañadas por una zona del Caribe que ha sido escenario de **unos 21 ataques con misiles estadounidenses** contra lanchas rápidas durante el último año.
La campaña militar de Estados Unidos contra los presuntos "narcoterroristas" que tripulan estas embarcaciones, conocida como _Operación Lanza del Sur_ (Operation Southern Spear), ya no ocupa tanto espacio en los telediarios como cuando se lanzó el primer ataque hace poco más de un año, el 2 de septiembre.
Sin embargo, el ritmo no ha bajado. A pesar de las fuertes críticas de expertos legales y grupos de derechos humanos, quienes califican la operación como un programa ineficaz de lo que esencialmente son asesinatos extrajudiciales, pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental siguen siendo blanco de Estados Unidos. **Han muerto más de 235 personas en unos 70 ataques** hasta el momento.
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido la campaña como justificada y legal. En marzo, el presidente afirmó que ayudó a eliminar casi todo el tráfico de drogas por mar hacia los Estados Unidos. En el terreno, sin embargo, la gente cuenta una historia diferente. Periodistas de OCCRP y de 360-grados.co viajaron a La Guajira, situada en el extremo más septentrional de América del Sur, para saber si los ataques han afectado el tráfico de cocaína en esta región, históricamente vinculada al contrabando.
Los habitantes, funcionarios y expertos en narcotráfico que hablaron —la mayoría de manera anónima por razones de seguridad— afirmaron que **los ataques no han logrado frenar las salidas de lanchas** desde esta región empobrecida, donde un complejo ecosistema de grupos criminales controla el tráfico de cocaína y donde el contrabando sigue siendo una opción para ganarse la vida.
Cuando los lancheros que transportan droga —también conocidos como choferes— son arrestados o mueren, los traficantes que coordinan el negocio simplemente "consiguen otros nuevos. **No cambia nada** ", afirma una funcionaria estatal de larga trayectoria que viaja con frecuencia por La Guajira.
"Estas muertes solo le duelen a las familias, solo ellos la sienten, nadie más". La funcionaria indica que no ha visto **ninguna disminución en el flujo de lanchas rápidas** desde la península durante el último año. Algo que otras fuentes también observan. "Un amigo salió anoche", comenta de manera casual un lanchero joven vestido de polo, en una entrevista en Riohacha, la capital de La Guajira.
Un cargamento necesita al menos **media tonelada de cocaína para ser rentable** , explica a los periodistas, y por lo general se tardan al menos dos semanas preparar la embarcación, los motores, el combustible y el dinero necesario para pagar a los dueños de las playas desde donde zarpan las _go-fast_.
Uno de los puntos de partida es Puerto López, un asentamiento aislado, que se encuentra a varias horas en camioneta en la costa oriental de la península de La Guajira, junto a la frontera con Venezuela. Allí, en playas bañadas por aguas translúcidas verde azuladas, todavía son visibles rastros de los bombardeos arrastrados por las corrientes: bidones azules de gasolina medio calcinados, restos del casco de una lancha carbonizada y otros desechos.
Según cuenta un lugareño al borde de una playa llena de basura, el dueño de los cargamentos de droga generalmente envía personas a recuperar la carga el día después de un ataque aéreo, ofreciendo hasta 3 millones de pesos colombianos (947 dólares) por cada bloque de cocaína que acaba en la orilla.
Las playas, ensenadas y cuevas de los 300 kilómetros de costa de la Alta Guajira se han utilizado por mucho tiempo como puntos de tránsito para el contrabando. En los años cincuenta, el café salía hacia las cercanas islas del Caribe, mientras que la gasolina todavía ingresa desde la vecina Venezuela cuando está más barata allí.
"**En esa zona se mueve absolutamente de todo** ", dice Lerber Dimas Vásquez, antropólogo colombiano de la Universidad del Magdalena que trabaja en temas relacionados con el crimen organizado. "Este es uno de los puntos más cercanos a las islas del Caribe, lo que tenemos es un corredor sumamente importante. Y muy mal vigilado. Se ha utilizado durante años para el contrabando".
Hoy en día, la cocaína es el producto que más genera. Varios cientos de kilómetros al sur se encuentra el Catatumbo, una cadena montañosa y boscosa a lo largo de la frontera con Venezuela que es **la segunda región productora de cocaína más importante de Colombia**.
Dimas Vásquez explica que la droga se traslada desde allí hasta La Guajira en camiones con remolque, que se ocultan fácilmente en medio de un flujo constante de vehículos pesados que transportan carbón extraído en el Catatumbo. Desde La Guajira, pequeñas lanchas cargadas de cocaína continúan "yendo y viniendo a la República Dominicana. También a Curazao, a Aruba. **Todo sigue igual. Eso nunca se acaba**. Tal vez cobran más por viajar", declara un funcionario administrativo local a OCCRP.
Según Alberto, el empresario local que también cumplió una condena por narcotráfico, una mezcla diversa de hombres tripulan estas lanchas. Hay algunos miembros de la comunidad indígena local Wayúu, así como puertorriqueños, antillanos, dominicanos y venezolanos. "**Se embarcan con hasta 3.000 kilos** [de cocaína a bordo], cuatro motores de 350 [caballos de fuerza], 25 tanques de gasolina. Te gastas una hora para ir a Venezuela, tres a Curazao, y menos de 17 a la República Dominicana", relató.
El 9 de septiembre, una lancha que salió de La Guajira fue atacada, según indican algunos habitantes locales. Las autoridades estadounidenses informaron de que "tres narcoterroristas" murieron en un ataque ese día. Los comunicados estadounidenses nunca mencionan ni los nombres ni las nacionalidades de los hombres fallecidos en los ataques, mientras que las autoridades de los países de donde proceden —entre ellos Colombia, Venezuela y Ecuador— tampoco han facilitado mucha información.
Al final, el trabajo de identificar a estas personas ha caído en las comunidades locales y los periodistas. Un consorcio liderado por el medio de investigación CLIP logró recopilar los nombres —o, al menos, cierta información— de **19 hombres asesinados entre el 2 de septiembre y el 5 de mayo** en el mar.
Cuando se solicitó información al Comando Sur de Estados Unidos sobre su metodología para identificar los objetivos, no dio detalles. Pero sí afirmó que “todos los narcoterroristas neutralizados” en el marco de la campaña “eran miembros afiliados a una organización terrorista designada, que transportaban activamente material ilícito a lo largo de rutas de tráfico conocidas en aguas internacionales”.
A un año del principio de la _Operación Lanza del Sur_ , los funcionarios estadounidenses se mostraron menos triunfalistas que su presidente en un documento de actualización. Pero afirmaron que la campaña había impulsado **una reducción del 60 por ciento en la actividad marítima ilícita en la región del Caribe Oriental** que incluye a La Guajira. También proclamaron una reducción del 65 por ciento en el Caribe Occidental y una caída de casi el 50 por ciento en áreas clave del Pacífico Oriental.
El Gobierno de Trump no revela cómo mide el éxito, pero Catalina Niño, coordinadora de proyectos en la sede local de la organización prodemocracia alemana Friedrich Ebert Stiftung, señaló que "no hay nada que indique que la estrategia está logrando su supuesto objetivo". “No hay evidencia de que la estrategia funcione, ni siquiera en términos de prueba física, porque al destruir las lanchas no queda evidencia. No hay personas para judicializar y **no hay evidencia verificable de que hubiera droga en esas lanchas** ", dice. "Es imposible obtener pruebas al respecto".
Un informe emitido en julio por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un grupo de defensa de los derechos humanos, señala que la evidencia disponible sugería que la campaña militar estaba teniendo **poco o ningún impacto en el suministro de cocaína** que llega a los Estados Unidos.
En una investigación anterior sobre la campaña Lanza del Sur, el medio latinoamericano de investigación El CLIP logró identificar a 19 víctimas de los bombardeos estadounidenses y descubrió que, paradójicamente, la lucha antinarcóticos regular fue más eficaz en detener la cocaína y no dejó ni un muerto. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, CLIP reveló que en el Caribe y el Pacífico **se decomisaron al menos 140 toneladas de cocaína y se detuvo a 160 tripulantes que luego** fueron entregados a la justicia.
Al ser contactada para hacer comentarios, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que "todos estos ataques contundentes han sido contra narcoterroristas designados que traen veneno mortal a nuestras costas, y el presidente continuará utilizando todos los elementos del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los responsables ante la justicia".
La Presidencia de Colombia no respondió a solicitudes de comentarios. La Vicedefensora del Pueblo del país, Paula Aponte, afirmó en un comunicado que su oficina ha solicitado más información a otros organismos estatales sobre los ciudadanos colombianos que se cree que fallecieron en los atentados, pero sin mucho éxito.
Al final de una calle polvorienta en Riohacha se encuentra una casa de ladrillo visto de un solo piso donde una familia Wayúu espera desde mayo el regreso de un lanchero. La familia, que vive sin agua corriente, ya ha recorrido la península para buscar su cadáver. También revisan las redes sociales, por donde circulan videos explícitos de las víctimas de las embarcaciones bombardeadas. "Lo han preguntado hasta en República Dominicana. Nada nada, no aparecen", declaraba una mujer angustiada que abrió la puerta de la casa de la familia y se identificó como vecina. Según la mujer, sin un cuerpo, la madre del hombre se niega a aceptar su muerte.
Pero muchos creen que sus últimos momentos fueron captados en el video que acompaña a un comunicado de prensa del Comando Sur de los Estados Unidos en el que anunciaron un ataque con misiles el 4 de mayo contra una embarcación "operada por Organizaciones Terroristas Designadas" en el Mar Caribe. "Dos narcoterroristas de sexo masculino murieron durante esta acción", declaraba el comunicado de prensa. Después de ese anuncio, rápidamente se corrió la voz en La Guajira de que los dos hombres podrían ser de la comunidad Wayúu que ha habitado este desierto durante cientos de años.
Un grupo se lanzó a alta mar a buscarlos y encontró los restos de una embarcación y un cuerpo ataviado con flotador, traje de navegante, bamboleándose sin cabeza, al ritmo de las olas. Dejaron que el cadáver se alejara a la deriva en el Golfo de Venezuela. Según la costumbre Wayúu, **solo a las mujeres se les permite tocar a sus muertos**. Poco después, comenzaron a circular en las redes sociales fotos conmemorativas de dos vecinos: Adrián Lubo y Ronald Arregocés, dos amigos de Riohacha.
Ambos tenían menos de 40 años y eran conocidos como pilotos de lanchas que en ocasiones servían a narcos para llevar su droga. Una persona cercana a uno de ellos que habló bajo condición de anonimato dijo que Lubo había ganado renombre local como un competente “chofer” de lanchas rápidas que “coronó” [realizó con éxito] varios cargamentos de cocaína a las islas vecinas del Caribe.
En La Guajira, la Fiscalía afirmó a OCCRP que **no había abierto ninguna investigación penal** contra Lubo y Arregocés, y que ninguno de los dos aparece en un organigrama criminal. Los familiares de los hombres buscaron la ayuda de un mediador respetado, conocido como "palabrero", para solicitar una compensación al dueño del cargamento de drogas. "El narco les dio su palabra", comenta una persona en una ranchería a la que llegaron estos familiares, "pero al parecer no les ha cumplido".
Mientras que los ataques estadounidenses no logran detener el tráfico de cocaína desde este territorio remoto, las autoridades colombianas tampoco rivalizan con los grupos armados y las bandas que controlan gran parte de la zona.
La única estación de policía de la región es un edificio de un solo piso a medio terminar en Castillete, a un centenar de metros de la frontera con Venezuela. Cuando los periodistas visitaron el puesto, cuyos muros estaban cubiertos de barro seco y manchas, se asomaron ocho policías sin camisa, en pantalones cortos y chanclas. No había una motocicleta o una camioneta a la vista. Solo dos burros que paseaban por fuera.
Los oficiales son enviados a esta estación remota en rotaciones de dos o tres meses, con entregas semanales de agua y alimentos que llegan en camiones que surcan en cinco horas el polvoriento desierto rojizo.
Los habitantes locales y los expertos en seguridad dicen que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —una fuerza insurgente que tiene alguna p**resencia en por lo menos 183 municipios colombianos** y que controla muchos cruces fronterizos rurales y puntos de tránsito de drogas— es una presencia mucho más poderosa. Patrullan la región en camionetas último modelo equipadas con internet satelital y portan rifles de asalto, pistolas, chalecos antibalas, botas tácticas y uniformes nuevos.
"Básicamente, le cobran a todo el que tenga que sacar drogas por allí", explica el antropólogo colombiano Dimas Vásquez. "Lo que hacen es vender seguridad, es decir, garantizar que la droga no se pierda, y ofrecen una plataforma segura para que los cargamentos salgan desde ahí, ya sea por lancha o por avioneta".
Un funcionario civil local indica que el ELN controla ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela **y exige dinero por todo lo que transita por la zona** , no solo por las drogas. "Uno tiene que pagar porque ellos dominan el corredor [que cubre el desierto y la frontera] y coordinan la logística, el transporte, a veces la seguridad", señaló.
Según Dimas Vásquez, algunos líderes de clanes indígenas locales que alguna vez tuvieron mayor influencia sobre el comercio de la cocaína a**hora trabajan para los grupos armados de la región**. Además del ELN hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Tren de Aragua.
"Esto es un arroz con mango", exclamó un comerciante local para describir la situación, utilizando una expresión de la región que hace referencia a algo desordenado y caótico.
A un centenar de metros del puesto policial de Castillete yace una tumba improvisada. Ahí, enterrado en la arena, reposa el cadáver de un hombre corpulento que trajo el mar. Llevaba chaleco salvavidas y pedazos de esquirlas incrustados en su cuerpo.
Ninguna autoridad colombiana ha acudido a exhumarlo ni a proporcionar ningún informe sobre quién es, de dónde vino y cuáles fueron las circunstancias de su muerte, indica un funcionario local. Por la situación de seguridad en la región, una escolta militar sería necesaria para llegar al cuerpo, añadió el funcionario.
Mientras tanto, los vecinos celebraron una ceremonia espiritual tradicional para “armonizar” el cuerpo del difunto antes de enterrarlo, explicó.
“Fue bendecido, para que no sea un alma en pena”