#CuestionPública #AguzateConMarulo #AlvaroUribe #CasoUribe #CorteConstitucional EN VIVO | Primicia: Recta final del caso contra Álvaro Uribe en la Corte Constitucional | Cuestión Pública

La Cámara de Representantes concluyó el trámite de la reforma pensional, tras completar la revisión de las proposiciones pendientes que habían sido ordenadas por la Corte Constitucional debido a irregularidades en la discusión legislativa. La Corte había requerido que se corrigieran errores en el proceso, específicamente en las propuestas que no habían recibido la debida discusión. Durante la sesión del 27 de octubre, los representantes negaron tres propuestas relacionadas con los artículos 11, 14 y 19 de la Ley 2381 de 2024, que abordaban temas como la naturaleza de los recursos del sistema pensional, el cálculo de bonos pensionales y la autonomía de inversión de fondos privados. El miércoles 28 de octubre, se continuó con la revisión de otros puntos, incluyendo comisiones de administradoras de fondos, requisitos para mujeres con hijos y reglas de inversión. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, indicó que todos los puntos ordenados por la Corte fueron cumplidos, y que las proposiciones negadas no introdujeron cambios al texto de la reforma. Con el trámite finalizado sin modificaciones al articulado, la reforma pensional vuelve a quedar a consideración de la Corte Constitucional, que deberá determinar si se corrigieron los vicios de procedimiento señalados. La decisión sobre estos apartados será clave para definir la situación jurídica de la reforma, mientras que el resto de la ley ya había recibido el aval previo del alto tribunal. Este proceso se dio en el marco de un plazo ajustado, ya que la Corte había fijado un término que vencía a finales de octubre, por lo que la mesa directiva de la Cámara había solicitado una ampliación para cumplir con la orden judicial. La reforma pensional, que busca modificar el sistema de pensiones en Colombia, ha generado debate y preocupación entre la población, especialmente en relación con los beneficios futuros para los ciudadanos.

El artículo analiza la posible inconstitucionalidad del decreto de presupuesto emitido por el gobierno de Gustavo Petro para el año 2027. El exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Sebastián Ceballos, señala que el Congreso expidió el proyecto de ley de presupuesto antes de la media noche del 20 de octubre, pero con un vicio en un artículo no esencial. Según la Constitución, el gobierno solo puede emitir decretos con fuerza de ley cuando el Congreso no lo ha hecho en tiempo oportuno. En este caso, el Congreso sí lo hizo, por lo que el decreto podría ser declarado inconstitucional. Ceballos explica que el Congreso tenía tres meses para expedir el presupuesto, pero el plazo para resolver objeciones gubernamentales no estaba definido. El exmagistrado sugiere que el plazo adicional podría ser hasta el 31 de diciembre o el 16 de diciembre, permitiendo al Congreso subsanar el vicio mediante conciliación. Otra opción sería que el gobierno sancionara el proyecto con el artículo 65, y que este fuera demandado ante la Corte, donde probablemente solo se declararía inconstitucional dicho artículo, no todo el proyecto. Ceballos prevé que la Corte Constitucional declarará el decreto inconstitucional, aunque podría diferir los efectos del fallo por razones de conveniencia fiscal. El artículo concluye que el decreto de presupuesto, al no cumplir con el requisito constitucional de que el Congreso no hubiera expedido la ley a tiempo, es inconstitucional.

La Corte Constitucional a validé la mayor parte de la reforma pensional, según un fallo publicado hoy. El alto tribunal ya había declarado exequible casi 90% del articulado de la reforma, lo que signi…

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, busca que la Corte Constitucional revise su condena de 28 años de prisión por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Su defensa, encabezada por Luis Felipe Henao, presentará una solicitud ante la Corte Constitucional para revisar la sentencia, tras haber sido negada una tutela por la Corte Suprema que buscaba anular la condena. La defensa argumenta que el caso plantea cuestiones constitucionales sobre la doble condena, el debido proceso y el acceso a la justicia, aspectos que, aunque abordados por la Corte Suprema, no agotan el debate constitucional. La Corte Constitucional, a través de su Sala de Selección, decidirá si revisa el caso, sin que implique un nuevo juicio, sino una evaluación de si se vulneraron derechos durante el proceso. La condena se originó en un juicio que duró diez años, iniciado en 2010, donde el juez en primera instancia absolvió a Uribe en 2024, pero luego emitió una sentencia condenatoria tras cuatro años adicionales. Los delitos por los que fue condenado incluyen concierto para delinquir agravado por liderar Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar que operó en Yarumal, Antioquia, desde los años 90, y homicidio agravado por el asesinato de Camilo Barrientos en 1994, parte de una 'limpieza social' orquestada por el grupo. La Fiscalía señaló que Uribe permitió el entrenamiento de paramilitares en su propiedad y celebró reuniones para planificar asesinatos. La noticia destaca la relación entre la condena de Santiago Uribe y la figura política de su hermano Álvaro Uribe, quien fue expresidente de Colombia. La Silla Vacía, medio de comunicación que publica la noticia, es reconocido por su enfoque en periodismo de datos y análisis político en Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia ha aceptado revisar una acción de tutela que obligó a la exsenadora María Fernanda Cabal a reconocer que la Unión Patriótica (UP) fue exterminada por agentes estatales. La sala de selección conformada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo decidió examinar la solicitud presentada por Cabal, quien pidió que se revisara la sentencia que le ordenó pedir disculpas públicas por sus declaraciones en una entrevista con el subdirector de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, en octubre de 2025. En dicha entrevista, Cabal expresó que el Estado habría tenido responsabilidad en el exterminio de la UP, diciendo que tenía "cemento en el cerebro" al referirse a quienes sostienen que el Estado participó en el genocidio. El Juzgado 45 Civil Municipal y el 58 Civil del Circuito de Bogotá ordenaron a Cabal pedir disculpas públicas, lo que ella cumplió en un video, aunque mantuvo su postura de defender su derecho a la libertad de expresión política. La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, presentó la tutela argumentando que las declaraciones de Cabal reproducían un discurso estigmatizante que contribuyó al exterminio de la UP. La Corte Constitucional es la única instancia que podría dejar sin efecto las sentencias de tutela previas y establecer una línea jurisprudencial sobre el caso. El magistrado Ibáñez explicó que la revisión se justifica por la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión de funcionarios públicos y en asuntos novedosos. Es relevante destacar que en julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de la UP a partir de 1984, ordenando medidas reparatorias y de preservación de la memoria. Además, existen sentencias, informes y pruebas de la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica que respaldan la responsabilidad estatal en el exterminio de la UP. Cabal, quien fue elegida senadora en el Senado cuando los magistrados Ibáñez y Camargo eran elegidos, ha defendido su posición en redes sociales, señalando que seguirá defendiendo sus convicciones por las vías constitucionales. La Corte Constitucional, al revisar este caso, podría definir si las declaraciones de Cabal son compatibles con la realidad probada en los procesos judiciales.

La Corte Constitucional de Colombia emitió un comunicado oficial en respuesta a las conversaciones presuntamente sostenidas entre el magistrado Vladimir Fernández y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cuyos detalles fueron revelados por la revista 'Cambio' el 28 de septiembre. Según la publicación, las conversaciones comenzaron en febrero de 2023, cuando Fernández, en calidad de secretario jurídico de la presidencia, impulsó la designación de López en la Superintendencia de Economía Solidaria, aunque ese nombramiento fue revocado. Posteriormente, López fue designado director de la Ungrd en marzo de 2023. Los mensajes incluyen una reunión presuntamente celebrada el 20 de diciembre de 2023 en el despacho de Fernández, tras la suspensión provisional de López como director de la Ungrd por la Contraloría. También se mencionan otros intercambios, como uno del 28 de diciembre donde Fernández insistía en reunirse, y otro del 9 de enero de 2024 en el que se coordinó un encuentro en el apartamento de Fernández con Irma Solangel Torres Vega, conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y exsocia de Fernández. La Corte Constitucional enfatizó que los magistrados cuentan con presunción de inocencia y deben colaborar con las autoridades competentes en los procesos legales, respetando el debido proceso. Además, aclaró que las decisiones judiciales son producto de un proceso colectivo de deliberación, por lo que situaciones personales de alguno de sus integrantes no afectan la validez de sus fallos ni comprometen la institucionalidad del tribunal. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, manifestó que los chats no bastan para iniciar acciones judiciales formales contra Fernández, ya que no existen indicios claros de delito en dichas conversaciones. La Corte reafirmó su compromiso con la independencia y rigor del alto tribunal, destacando que las decisiones judiciales son colectivas y no se ven afectadas por situaciones personales de sus miembros.

Cientos de mujeres marchan en Bogotá mientras el aborto sigue despenalizado hasta la semana 24 y el Congreso debate cambios constitucionales.

La Corte Constitucional de Colombia ha declarado inconstitucional la tracción animal para actividades turísticas en todo el territorio nacional, en un fallo que responde a una acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por el Distrito de Cartagena. El alto tribunal, en una sesión descentralizada desde Bucaramanga, dejó sin efecto la expresión 'actividades turísticas' contenida en el parágrafo único del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021, la cual permitía el uso de caballos en carrozas y paseos recreativos. El fallo, con ponencia del magistrado Héctor Carvajal, concluye que someter a los animales a jornadas de tracción con fines meramente recreativos o turísticos configura un sufrimiento evitable que no encuentra respaldo constitucional. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, argumentó que la normativa actual vulneraba la Carta Política y la jurisprudencia sobre la protección de los animales como seres sintientes. La Corte precisó que, si bien el Estado debe garantizar el mínimo vital y la protección social de las familias que dependen de los carruajes, 'la recreación turística no constituye un límite constitucionalmente admisible al deber de protección animal'. Para evitar impactos socioeconómicos, la Sala Plena difirió los efectos de la sentencia por seis meses, durante los cuales los municipios deberán implementar programas de sustitución y reconversión laboral para los trabajadores afectados. En Cartagena, este fallo respalda la transición iniciada con la introducción de coches eléctricos en el centro histórico, buscando modernizar el turismo y erradicar el uso de caballos en carruajes. El fallo establece un precedente histórico para el turismo sostenible en Colombia, cerrando la puerta a prácticas que generan sufrimiento animal evitable y ordenando a todas las entidades territoriales la erradicación total de los carruajes halados por caballos en las zonas turísticas.

La Corte Constitucional de Colombia ha decidido limitar las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para investigar y sancionar a organismos autónomos del Estado en el marco de las normas de libre competencia. Según la sentencia C-293 de 2026, presentada por el magistrado Miguel Polo Rosero, la decisión afecta a entidades como la Registraduría, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Banco de la República y otras entidades autónomas. La Corte estableció que la SIC no puede interferir en las decisiones de estos organismos mediante inspecciones, investigaciones o sanciones, ya que su diseño constitucional los mantiene autónomas. El fallo responde a una polémica surgida tras la visita de la SIC a la Registraduría en marzo de 2024, donde funcionarios accedieron a información reservada y teléfonos móviles de altos empleados, lo que generó críticas de la Procuraduría y el registrador Hernán Penagos. La Corte ordenó a la SIC finalizar todas las investigaciones abiertas contra estos organismos y remitirlas a las autoridades competentes en materia disciplinaria, fiscal o penal. La SIC conserva su capacidad para investigar a empresas y particulares en casos de prácticas anticompetitivas, pero no puede intervenir directamente en asuntos internos de entidades autónomas. El magistrado Vladimir Fernández Andrade expresó una disidencia, argumentando que la SIC debería mantener su capacidad investigativa en estos casos. Este fallo marca un hito en la relación entre el Ejecutivo y las instituciones autónomas, reafirmando la autonomía constitucional de estas entidades.

El Consejo de Estado de Colombia resolvió el viernes una controversia sobre el matrimonio de Juliana Guerrero, una activista que fue condenada en 2018 por supuestamente promover el aborto no terapéutico. La decisión, tomada en un proceso que duró más de siete años, estableció que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, pero con restricciones legales. La resolución se basa en la interpretación del artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos, pero exige que los matrimonios se celebren en el marco de la ley. El caso de Juliana Guerrero, quien fue acusada de incitar a la violencia contra el aborto, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad. La decisión ha generado debates sobre la separación de poderes y la interpretación de la Constitución. La Corte Constitucional dejó abierta la posibilidad de que otros casos similares sean revisados en el futuro, lo que podría tener implicaciones para otras figuras públicas involucradas en controversias legales. La resolución fue emitida en un contexto de creciente polarización política y social en el país, donde la cuestión de los derechos reproductivos sigue siendo un tema polarizante. La decisión no solo afecta a Juliana Guerrero, sino que también establece un precedente para futuros casos que involucren la intersección entre derechos civiles y legislación penal.

La Corte Constitucional de Colombia estableció que las EPS (Entidades Promotoras de Salud) deben asumir los costos de energía eléctrica generados por equipos médicos necesarios para pacientes que requieren atención domiciliaria. Esta decisión surge tras un caso específico donde un adulto mayor con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) dependía de un concentrador de oxígeno conectado permanentemente, lo que elevó significativamente su factura eléctrica. El alto tribunal determinó que el acceso a la energía es un derecho fundamental para garantizar la salud y vida de pacientes vulnerables, obligando a las EPS a evaluar individualmente cada caso y cubrir los gastos energéticos asociados al tratamiento. Además, se prohibió la suspensión del servicio eléctrico durante el proceso de evaluación y se exploraron alternativas como cilindros de oxígeno si el costo es prohibitivo. Esta medida marca un precedente en la intersección entre salud y servicios públicos, asegurando que los pacientes no enfrenten barreras económicas para recibir atención médica adecuada.

La Corte Constitucional de Colombia dictaminó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) vulneró derechos fundamentales de la familia del exsenador Miguel Uribe Turbay al divulgar información reservada sobre su esquema de seguridad y intimidad familiar sin autorización. El fallo ordena disculpas públicas a través de una rueda de prensa nacional, ajuste de protocolos para manejar datos sensibles y respuesta integral a la solicitud de rectificación presentada por la viuda del excongresista. La Sala Cuarta de Revisión destacó que la respuesta inicial de la UNP fue insuficiente y formalista, sin reconocer los derechos vulnerados. Además, se estableció un mecanismo conjunto entre la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para proteger a líderes de oposición en riesgo. El caso también aborda una posible infiltración en el esquema de seguridad que pudo haber contribuido al atentado contra Uribe Turbay, investigado actualmente por la Fiscalía.

Carolina Corcho rechaza que la Comisión de Acusación reciba el expediente de Álvaro Uribe y defiende que la investigación siga en la Fiscalía.

La Corte Constitucional de Colombia declaró exequible cerca del 90% de la reforma pensional, un proyecto clave del gobierno anterior. Sin embargo, nueve artículos quedaron pendientes de revisión y podrían ser modificados por el nuevo Congreso liderado por Abelardo de la Espriella. La decisión deja abierta la posibilidad de una contrarreforma que afecte aspectos como los derechos diferenciados para grupos étnicos y campesinos. El sistema pensional colombiano, que combina regímenes públicos y privados, enfrenta desafíos financieros y debates sobre su sostenibilidad. La reforma busca equilibrar ambos sistemas mediante pilares de ahorro obligatorio y subsidios para adultos mayores vulnerables. Aunque el grueso de la normativa fue validado, expertos advierten que demandas futuras podrían cuestionar aspectos como la igualdad o la sostenibilidad financiera del sistema. La Corte extendió el plazo para resolver las controversias hasta abril de 2027, mientras el gobierno evalúa si apoya parcialmente la reforma original o promueve una versión alternativa.

La Corte Constitucional recibirá más de 100 demandas relacionadas con la reforma pensional en 2027. El tribunal anunció que retomará el estudio de estas solicitudes a partir del 1 de abril del próximo… · Photo : Tim Evanson · CC BY-SA · Flickr

El presidente Abelardo de la Espriella realizó una reunión con la Sala Plena de la Corte Constitucional, uno de los organismos judiciales clave que aún no había visitado en su mandato. Este encuentro forma parte de sus esfuerzos por fortalecer la relación institucional con las cortes y avanzar en temas como la reforma pensional aprobada recientemente. Durante el encuentro, estuvo acompañado por su ministro de Justicia, Iván Cancino, y se abordaron cuestiones relacionadas con la separación de poderes y la garantía de derechos para la oposición. La Corte Constitucional, que fue un contrapeso importante durante el gobierno de Gustavo Petro, continúa desempeñando un rol clave en la revisión de medidas gubernamentales como la declaratoria de emergencia económica tras el terremoto del 10 de agosto. El presidente también mencionó su intención de nombrar dos magistrados de la Corte en los próximos años, lo que podría influir en la composición institucional durante su mandato. Estas acciones reflejan su enfoque en consolidar una gestión con base en el respeto a las instituciones y la estabilidad política.

La Corte Constitucional de Colombia aprobó el 25 de agosto de 2026 la mayoría del articulado de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, con una votación de 7 a 1. El expediente, presentado por la magistrada Paola Meneses, fue avalado en su mayoría pero se devolvió nueve artículos específicos a la Cámara para su discusión en un plazo de 30 días. Entre los puntos aprobados se incluye el artículo 94 que establece la entrada en vigencia del nuevo sistema de pilares para las pensiones a partir de julio de 2025, con efectos desde el 1 de 2027. El expresidente Petro celebró el resultado como un 'nuevo triunfo del gobierno del cambio y del pueblo trabajador'. Sin embargo, la reforma aún requiere mayoría en el Congreso para su aprobación final, ya que necesita 92 votos y enfrenta resistencia de partidos tradicionales. La Corte también declaró exequible el artículo 94, lo que significa que entrará en vigencia el 1 de 2027. Los artículos devueltos incluyen modificaciones sobre la edad de jubilación, beneficios especiales y ajustes a los pilares del sistema pensional. La decisión refleja un balance entre las propuestas gubernamentales y las correcciones necesarias para su viabilidad legal.

La Corte Constitucional avaló 90 artículos de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, pero devolvió 9 a la Cámara para discusión en 30 días. El fallo, liderado por la magistrada Paola Meneses, establece que el articulado entrará en vigencia el 1 de 2027. Sin embargo, la reforma requiere 92 votos en el Congreso, donde los partidos tradicionales dificultan su aprobación. El expresidente Petro celebró el resultado como un triunfo del gobierno del cambio. Además, el presidente Abelardo de la Espriella anunció planes para trabajar desde la Casa de Nariño y presentar un estatuto antiterrorista contra grupos como las disidencias de Mordisco y Calarcá. La noticia también menciona la actualización de la declaración de bienes de De la Espriella y la movida del Pacto por tres magistrados del CNE. El texto destaca la complejidad de la reforma y los desafíos políticos para su implementación.

La Corte Constitucional de Colombia dio luz verde a la mayoría de los artículos del proyecto de reforma pensional impulsado por el expresidente Gustavo Petro, permitiendo su discusión en el Congreso. Este avance marca un nuevo giro en la agenda política del país, tras años de debates y rechazos parciales. La decisión incluye 80 puntos clave del plan, que busca modernizar el sistema de pensiones y garantizar beneficios a millones de trabajadores. La noticia se produce en un contexto donde la reforma ha sido uno de los temas más polarizantes del gobierno Petro, enfrentando críticas por su complejidad y supuestos efectos negativos. Además, la decisión refleja el rol del Poder Judicial como actor clave en la definición de políticas públicas. La aprobación parcial abre espacio para que el Congreso avance con modificaciones, aunque aún se desconoce si alcanzará mayoría absoluta. Este hito es relevante para el futuro económico y social de Colombia, especialmente considerando las presiones por reducir la informalidad laboral y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

La Corte Constitucional de Colombia se prepara para debatir la ponencia de la magistrada Paola Meneses, quien solicita devolver la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro al Congreso para revisarla por vicios de trámite. Este debate forma parte del cuarto y último proceso en el Congreso, donde se espera que se analice la viabilidad de la propuesta. El representante del Pacto Gabriel Becerra anticipa que si la reforma es devuelta, podría ser rechazada. La noticia también aborda otros temas relevantes, como la citación a debate de control político de la ministra de TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, por la suspensión de la programación de emisoras de paz. Además, se reveló que disidencias ofrecieron 600 millones de pesos para asesinar a fiscales que investigaban el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, según un preacuerdo revelado por 'El Viejo'. El Consejo Nacional Electoral elegirá a nueve magistrados para su organismo, con el Pacto Histórico teniendo las mayorías. También se menciona el empoderamiento de veinte hombres por parte del presidente, incluyendo empresarios y políticos con intereses en negocios estatales o miras a 2027. La noticia incluye un análisis de las cargas políticas divididas y la posibilidad de que la tercera votación en el Congreso no sea la definitiva.

Gloria Lopera analiza la elección, posiblemente antijurídica, del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo para ser magistrado de la Corte.