España terminó 2,43 millones de viviendas protegidas entre 1981 y 2025, pero la producción anual cayó desde más de 100.000 unidades a solo 12.858

Además, los socialistas han votado en contra, junto a Vox y José Luis Ábalos, de una PNL de Sumar sobre financiación en Aragón

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El texto es un artículo de opinión que defiende que la vivienda debe considerarse un derecho básico y no un bien sometido a la lógica del mercado y la especulación. El autor denuncia que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un problema estructural debido a su tratamiento como fuente de enriquecimiento privado, lo que provoca la subida constante de precios, el aumento de la especulación inmobiliaria y la precarización del acceso al alquiler y la compra. Según el artículo, las causas de la crisis habitacional no se deben a factores como la ocupación o la falta de oferta, sino a la mercantilización de una necesidad humana fundamental. El texto también critica el papel de determinados medios de comunicación y figuras mediáticas, a quienes acusa de contribuir a discursos que benefician intereses económicos ligados al sector inmobiliario. Asimismo, señala la falta de acción efectiva de las administraciones públicas, que en muchos casos priorizan criterios económicos sobre las necesidades sociales, generando una burocracia que dificulta el acceso a ayudas y soluciones habitacionales. En un plano más amplio, el autor cuestiona el modelo político y económico actual, afirmando que tanto la socialdemocracia como otras corrientes institucionales no han conseguido transformar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Defiende la necesidad de una mayor conciencia política y de un enfoque más “radical” entendido como ir a la raíz de los problemas sociales. Finalmente, concluye que mientras la vivienda siga siendo tratada como un negocio, la justicia social seguirá siendo una promesa incumplida para gran parte de la población.