Una entrevista desde Plus Ultra reabre el foco sobre García-Castellón, sus contactos con la aerolínea y unos mensajes sobre Bankinter y Vox.

Los chats de Plus Ultra sitúan a García-Castellón como supuesto mediador ante Vox y muestran los contactos que rodearon el polémico rescate.

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El rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, por valor de 53 millones de euros, se concedió en el contexto de las ayudas públicas destinadas a paliar los efectos económicos de la pandemia. Según el Gobierno, el procedimiento siguió un marco reglado y contó con el respaldo de múltiples informes técnicos elaborados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como con asesoramiento externo y la aprobación final del Consejo de Ministros. Además, el expediente fue revisado por organismos como la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, que no detectaron irregularidades en el proceso. La SEPI justificó la concesión de la ayuda alegando el carácter estratégico de la compañía, especialmente por su papel en rutas hacia América Latina, y su contribución a la conectividad y competencia en el sector aéreo. En comparación con otras aerolíneas beneficiadas, Plus Ultra recibió una cantidad significativamente menor. Sin embargo, aún no ha devuelto el principal del préstamo, habiendo abonado únicamente intereses, mientras negocia una reestructuración de los plazos. Paralelamente, la Audiencia Nacional investiga posibles irregularidades en el uso de estos fondos. La Fiscalía Anticorrupción plantea la hipótesis de que parte del dinero se habría destinado a devolver préstamos a sociedades presuntamente vinculadas con una trama criminal relacionada con operaciones de oro y fondos venezolanos. En este contexto, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, acusaciones que él niega. Está previsto que declare ante la justicia el 2 de junio. El caso combina, por tanto, una defensa institucional del procedimiento administrativo seguido con una investigación judicial en curso que busca esclarecer el destino final de los fondos públicos.