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El juicio a Begoña Gómez tendrá un jurado de nueve ciudadanos, dos suplentes y un magistrado, con deliberación aislada y retribución diaria.

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Begoña Gómez afrontará un juicio con jurado popular por tráfico de influencias y malversación tras rechazar Peinado las objeciones de su defensa.

Peinado abre juicio oral con jurado contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación; Cristina Álvarez será juzgada por malversación

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que decide enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Según el auto, el magistrado considera acreditado indiciariamente que Gómez se apropió de un software de la Universidad Complutense de Madrid, apoyó a la consultora Barrabés para que obtuviera contratos públicos y utilizó a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez Rodríguez, en beneficio propio. La defensa de Gómez había cuestionado la validez del escrito acusatorio presentado por Hazte Oír, argumentando que no cumplía con los requisitos para abrir un juicio oral, ya que incluía referencias a atestados policiales y declaraciones de la instrucción. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo de la causa, pero Hazte Oír, que reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, insistió en la apertura del juicio. El juez Peinado, cuya jubilación está prevista para el 27 de septiembre, ha sido criticado por su lenguaje en el auto, en el que compara la conducta de Gómez con regímenes absolutistas, mencionando el reinado de Fernando VII. El PSOE ha reaccionado con dureza, acusando al juez de pretender su 'último servicio a la patria' antes de jubilarse y cuestionando la coincidencia de la decisión con el viaje internacional de Sánchez. El auto también ordena investigar la capacidad económica de Gómez y solicita sus últimas declaraciones de renta a Hacienda. La noticia ha generado amplias reacciones en redes sociales, con periodistas como Cristina P. Marcote destacando que el escrito acusatorio era jurídicamente defectuoso y no podía abrir el juicio oral.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que decide enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Según el auto, el magistrado considera acreditado indiciariamente que Gómez se apropió de un software de la Universidad Complutense de Madrid, apoyó a la consultora Barrabés para que obtuviera contratos públicos y utilizó a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez Rodríguez, en beneficio propio. La defensa de Gómez había cuestionado la validez del escrito acusatorio presentado por Hazte Oír, argumentando que no cumplía con los requisitos para abrir un juicio oral, ya que incluía referencias a atestados policiales y declaraciones de la instrucción. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo de la causa, pero Hazte Oír, que reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, insistió en la apertura del juicio. El juez Peinado, cuya jubilación está prevista para el 27 de septiembre, ha sido criticado por su lenguaje en el auto, en el que compara la conducta de Gómez con regímenes absolutistas, mencionando el reinado de Fernando VII. El PSOE ha reaccionado con dureza, acusando al juez de pretender su 'último servicio a la patria' antes de jubilarse y cuestionando la coincidencia de la decisión con el viaje internacional de Sánchez. El auto también ordena investigar la capacidad económica de Gómez y solicita sus últimas declaraciones de renta a Hacienda. La noticia ha generado amplias reacciones en redes sociales, con periodistas como Cristina P. Marcote destacando que el escrito acusatorio era jurídicamente defectuoso y no podía abrir el juicio oral.

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto este lunes juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La magistrada se sentará en el banquillo ante un jurado popular. El juez asegura que Begoña Gómez 'proyectaba simultáneamente su posición institucional de mujer del presidente del Gobierno, su actividad académica en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público' en beneficio propio. La investigación, que ha durado casi dos años y medio, concluye con la apertura de juicio oral para Gómez y para su asistente, Cristina Álvarez, quien será juzgada solo por malversación. El juez Peinado rechazó las quejas de la defensa de ambas acusadas, considerando que no era el momento procesal para alegar sobre la validez del escrito de apertura de juicio. Moncloa, sede del Gobierno, ha 'condenado' la decisión judicial, calificándola de 'arbitraria e injusta' y señalando que responde a una 'persecución judicial' por ser la mujer del presidente del Gobierno. Las fuentes de Moncloa también criticaron que el auto de apertura de juicio coincidiera con un viaje internacional del presidente Sánchez, lo que consideraron como una 'intención política, el acoso y la deshumanización' en la instrucción. La defensa de Gómez pide su absolución y que se condene en costas a la acusación por su 'temeraria actuación procesal', mientras que la asesora de Gómez sostiene que no cometió delito. El juez Peinado se basa en resoluciones de la Audiencia de Madrid que han venido reconduciendo su investigación, destacando que la relación de parentesco con el presidente del Gobierno puede comportar una 'presión moral eficiente' para el delito de tráfico de influencias. La investigación se centra en la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, vinculada a un software desarrollado en su seno, donde Gómez actuó como 'promotora, directora e interlocutora principal' mientras que Álvarez fue 'apoyo operativo' en actividades relacionadas con empresas y entidades del sector tecnológico. El juez concluye que se han investigado 'conductas propias de regímenes absolutistas' y que existe una 'actuación conjunta y convergente' de ambas acusadas en la gestión del proyecto vinculado a la cátedra y al software.

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto este lunes juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La magistrada se sentará en el banquillo ante un jurado popular. El juez asegura que Begoña Gómez 'proyectaba simultáneamente su posición institucional de mujer del presidente del Gobierno, su actividad académica en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público' en beneficio propio. La investigación, que ha durado casi dos años y medio, concluye con la apertura de juicio oral para Gómez y para su asistente, Cristina Álvarez, quien será juzgada solo por malversación. El juez Peinado rechazó las quejas de la defensa de ambas acusadas, considerando que no era el momento procesal para alegar sobre la validez del escrito de apertura de juicio. Moncloa, sede del Gobierno, ha 'condenado' la decisión judicial, calificándola de 'arbitraria e injusta' y señalando que responde a una 'persecución judicial' por ser la mujer del presidente del Gobierno. Las fuentes de Moncloa también criticaron que el auto de apertura de juicio coincidiera con un viaje internacional del presidente Sánchez, lo que consideraron como una 'intención política, el acoso y la deshumanización' en la instrucción. La defensa de Gómez pide su absolución y que se condene en costas a la acusación por su 'temeraria actuación procesal', mientras que la asesora de Gómez sostiene que no cometió delito. El juez Peinado se basa en resoluciones de la Audiencia de Madrid que han venido reconduciendo su investigación, destacando que la relación de parentesco con el presidente del Gobierno puede comportar una 'presión moral eficiente' para el delito de tráfico de influencias. La investigación se centra en la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, vinculada a un software desarrollado en su seno, donde Gómez actuó como 'promotora, directora e interlocutora principal' mientras que Álvarez fue 'apoyo operativo' en actividades relacionadas con empresas y entidades del sector tecnológico. El juez concluye que se han investigado 'conductas propias de regímenes absolutistas' y que existe una 'actuación conjunta y convergente' de ambas acusadas en la gestión del proyecto vinculado a la cátedra y al software.

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