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Mónica Calles, abogada de extrabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), fue notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una denuncia penal con 'medidas de protección' tras revelar videos sobre presuntas irregularidades y acoso laboral en el instituto. El caso surge después de que trabajadores denunciaron prácticas de hostigamiento en puestos estratégicos del INE. Calles asegura que la denuncia no especifica el delito cometido ni los supuestos actos de intimidación, y cuestiona la identidad del denunciante. Afirmó que la FGR busca amedrentarla por ejercer su labor como abogada y exponer ilegalidades. En su publicación en X, destacó que la libertad de expresión no es un delito, y rechazó la rapidez del procedimiento. La abogada no dejará de hacer públicos sus señalamientos, manteniendo su postura de defensa de los derechos laborales y la transparencia institucional.

El juez federal Ariel Lijo requirió al Ministerio de Economía y al jefe de Gabinete que brinde información sobre fondos del SISVIAL presuntamente desviados para instrumentos financieros. La denuncia, presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz y la provincia de La Rioja, acusa al ministro Luis Caputo y otros funcionarios de malversación de recursos públicos. Se estima que el 73,8% de los $1,5 billones asignados al sistema vial no se utilizaron para obras y mantenimiento. La denuncia también menciona la colocación de los recursos en plazos fijos, bonos y acciones. La Justicia busca auditorías y documentos para avanzar en el caso, mientras que La Rioja sostiene que la falta de ejecución afectó su territorio. Además, Tolosa Paz impulsó un amparo colectivo para reactivar obras viales en Buenos Aires financiadas con el fideicomiso SIT.

Un joven de 29 años fue golpeado por guardias de seguridad del boliche Unplugged en Córdoba tras reclamar por los empujones que sufrió una amiga embarazada. Facundo Beccacece denunció el hecho luego de sufrir lesiones en el pómulo, oreja, cabeza y cuello, además de dolor en la garganta. La Justicia investiga el caso como lesiones leves, mientras que el abogado del joven solicita cámaras de seguridad para identificar a los agresores. El episodio se suma a otros casos similares en locales nocturnos de la ciudad, donde personal de seguridad ha sido señalado por actos violentos. La víctima criticó la falta de respuesta del boliche y destacó que la agresión podría haber tenido un desenlace fatal. La Fiscalía de Instrucción de Distrito 4 Turno 3 maneja la causa, que incluye la denuncia del joven y la investigación de los hechos ocurridos en la madrugada del 23 de agosto. El caso refleja la necesidad de mayor control en espacios públicos y la importancia de las denuncias para enfrentar la violencia en lugares de entretenimiento.

La UEFA ha anunciado que presentará documentos ante un tribunal de Manhattan y considera iniciar acciones penales en Suiza contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por presuntos delitos de mala gestión financiera relacionados con su fallido plan de vender una participación en la Copa del Mundo. El proyecto, valorado en 20.000 millones de dólares, fue rechazado tras críticas internacionales. La UEFA acusa a Infantino de ofrecer fraudulentamente una participación en FIFA Forward Enterprise sin seguir el debido proceso ni consultar a la cúpula de la FIFA. El fondo Thrive Capital Management, ligado al empresario Joshua Kushner, fue clave en este plan, que buscaba pagar 4.200 millones de dólares por un 20% en una filial comercial de la FIFA. La UEFA ha solicitado acceso a documentos y comunicaciones relacionadas con el caso, mientras que Infantino rechazó el plan el 1 de agosto tras presión internacional. Además, la UEFA desistió de su amenaza de boicotear torneos de la FIFA tras garantías de que no se intentará vender participación en el organismo.

Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, y el general retirado Henry Sanabria llegaron a un acuerdo de conciliación en el marco de un proceso judicial iniciado tras una denuncia penal presentada por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La disputa surgió luego de que Sanabria acusara a Sarabia de haberle dado órdenes para no intervenir en protestas en Bogotá durante su liderazgo en la Policía. En la audiencia, ambas partes confirmaron que las comunicaciones entre ellos eran institucionales y no incluían instrucciones para suspender operaciones contra grupos armados como el Clan del Golfo. El acuerdo busca resolver el conflicto generado por las declaraciones de Sanabria, que mencionó supuestas llamadas desde el Gobierno relacionadas con operativos contra organizaciones ilegales. La resolución refleja un intento de cerrar un escenario de tensiones que involucra a figuras clave en la política y seguridad del país. La conciliación se produce en un contexto de renovación en la administración de Gustavo Petro, quien enfrenta múltiples escándalos durante su mandato. Este caso resalta la complejidad de las relaciones entre instituciones y la necesidad de claridad en asuntos de seguridad nacional.

El exvicegobernador y actual intendente de #SantaElena, Domingo Daniel Rossi, presentó una #DenunciaPenal contra fiscales, auditores y vocales -jubilados y renunciantes- del #TribunalDeCuentas por supuesto “Saqueo sistemático de fondos públicos”. El…

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El caso de Julián Ante en Cuenca expone una alerta ignorada en quirófano, la denuncia de su familia y serias dudas sobre el hospital público. Julián Ante, un vecino de Minglanilla de 85 años, murió tr...

La compañía asegura que la acusación carece de sustento legal y que todo el proceso fue aprobado por las autoridades correspondientes

La presentación judicial difundida en el artículo señala una denuncia penal contra los funcionarios Manuel Adorni, Luis Caputo y Federico Sturzenegger por presuntas irregularidades en la gestión de Vialidad Nacional. Según la acusación, se los responsabiliza por maniobras de fraude, uso indebido de recursos públicos y un supuesto esquema de vaciamiento institucional que habría afectado el mantenimiento y la operatividad de la red vial del país. El expediente menciona el manejo de aproximadamente 400.000 millones de pesos, fondos que habrían sido desviados o utilizados de forma irregular, generando un deterioro progresivo en la infraestructura de rutas nacionales. El trasfondo de la denuncia apunta a lo que los denunciantes describen como un “colapso inducido” del organismo, producto de decisiones administrativas que habrían reducido su capacidad operativa y de inversión. En ese marco, se advierte sobre el riesgo que implica la falta de mantenimiento adecuado en rutas clave para el transporte de bienes, la conectividad regional y la seguridad vial. La nota también contextualiza la presentación dentro de un escenario más amplio de tensiones políticas y debates sobre la gestión del gasto público, las políticas de ajuste y el rol del Estado en obras de infraestructura. Se menciona que la denuncia busca que la Justicia investigue responsabilidades administrativas y penales, así como el destino final de los fondos cuestionados. El caso abre un nuevo frente judicial con impacto político, al involucrar a figuras de alto perfil del actual gobierno y poner en discusión la transparencia en la administración de recursos destinados a obras públicas estratégicas.

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La presentación acusa al Gobierno de incumplir la ley de emergencia, dejar sin pagos a prestadores y poner en riesgo tratamientos de miles de personas. El abogado de derechos humanos Javier Garín afirmó en El Despertador que presentó una denuncia penal por presunto incumplimiento de la ley, abandono de personas y abuso de autoridad. Una denuncia de alto impacto que, según el abogado, tuvo escasa difusión Durante una entrevista radial en El Despertador, el abogado Javier Garín confirmó que impulsó una denuncia penal contra autoridades nacionales por la situación del sector de…

La denuncia penal por extracción de arena en Entre Ríos suma nuevas indagatorias y expone un posible esquema de omisión estatal, con impacto ambiental en Ibicuy y riesgos sobre acuíferos. La denuncia penal por areneras en Entre Ríos escaló a un nivel inédito: la Justicia Federal citó a indagatoria a funcionarios y exfuncionarios por la extracción de arena para Vaca Muerta, en una causa que investiga posibles delitos, falta de control estatal y daños ambientales en Ibicuy. Denuncia penal areneras Entre Ríos: claves del caso y las irregularidades…